El planteo judicial solicita investigar posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales. También pide determinar quién ordenó el operativo y quién autorizó la participación de efectivos vestidos de civil y armados.
Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con la actuación de Gauna, quien, según sostiene la presentación, aparece en registros audiovisuales difundidos públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el operativo. Por ese motivo, se solicita establecer qué arma utilizó, qué munición tenía, quién autorizó su portación y cuál era la función que tenía asignada.
La presentación también busca determinar si la presencia de personal armado de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente planificado por las autoridades o si se trató de una actuación individual que excedió las órdenes recibidas.
De acuerdo con el escrito, alrededor de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron del operativo. La denuncia sostiene que la manifestación comenzó de manera pacífica y que posteriormente las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes, utilizando gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos.
Otro de los aspectos señalados es la actuación de las fuerzas frente a trabajadores de prensa. La presentación menciona lesiones sufridas por periodistas, fotógrafos y camarógrafos durante los incidentes y solicita incorporar registros audiovisuales que permitan determinar las circunstancias de esos episodios.
Respecto de Monteoliva, la denuncia plantea que debe investigarse su eventual responsabilidad en su carácter de máxima autoridad política del área de la que dependen las fuerzas federales que participaron del operativo. El escrito aclara que no atribuye una responsabilidad automática a la funcionaria por las conductas individuales de los efectivos, sino que pide establecer si desde el Ministerio de Seguridad se impartieron, autorizaron o toleraron directivas contrarias a las normas sobre empleo de la fuerza.
En particular, se solicita determinar si estaba prevista la participación de agentes vestidos de civil y, en caso afirmativo, quién autorizó esa modalidad, cuál era su finalidad y si esos efectivos tenían autorización para portar o utilizar armas de fuego.
La denuncia también pide que la Policía Federal informe si Gauna estaba afectado al operativo, qué función cumplía, quién era su superior inmediato y qué autoridad ordenó o autorizó su participación. Además, solicita información sobre el arma que tenía asignada y los registros de eventuales disparos efectuados durante la jornada.
El planteo invoca la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, que establece reglas para el empleo de armas por parte de integrantes de las fuerzas federales. Según la presentación, esa normativa establece que las armas deben utilizarse únicamente cuando resulte estrictamente necesario y fija condiciones específicas para el empleo de armas de fuego.
En ese marco, el denunciante sostiene que deberá determinarse si la actuación de los efectivos se ajustó a esas disposiciones y si las órdenes impartidas durante el operativo fueron legales. La presentación también señala que el cumplimiento de una orden superior no vuelve legítima automáticamente cualquier conducta realizada durante su ejecución.
Para avanzar con la investigación, se solicitaron distintas medidas de prueba. Entre ellas, que el Ministerio de Seguridad entregue el operativo completo, sus anexos, modificaciones, órdenes complementarias e instrucciones, además de identificar a los funcionarios que participaron de su elaboración, aprobación, coordinación y supervisión.
También se pidió incorporar los registros audiovisuales de la Policía Federal, incluidas cámaras corporales, cámaras instaladas en vehículos y registros de los centros de monitoreo, además de las imágenes de seguridad del Congreso y otros registros audiovisuales de la jornada.
Finalmente, la presentación solicita tomar declaración testimonial a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, manifestantes y otras personas que hayan presenciado los hechos, y pide citar a declaración indagatoria a Monteoliva y Gauna.
