Sosa había llegado al cargo el 7 de marzo de 2024, a través del Decreto 279/2024, en el ámbito de la Administración de Servicios Generales de la Subsecretaría de Planificación General. Su designación tenía carácter transitorio y había sido prorrogada por última vez en junio, mediante la Resolución 233/26.
La salida se enmarca en una modificación de la estructura de funcionamiento de las residencias presidenciales, impulsada por la Secretaría General de la Presidencia. El nuevo esquema concentra en la Casa Militar las tareas de administración, mantenimiento y seguridad, y contempla el traspaso de funciones y bienes en un plazo máximo de 60 días.
La resolución que formalizó la renuncia no detalla sus motivos. Sin embargo, indica que las áreas técnicas verificaron que Sosa no registra deudas ni responsabilidades patrimoniales pendientes y que la Subsecretaría Legal confirmó que no está involucrado en sumarios administrativos. Además, instruye a la Dirección General de Administración a realizar la liquidación final correspondiente.
El cambio de estructura tuvo consecuencias sobre el personal de la residencia. El 17 de septiembre, 12 trabajadores de áreas como jardinería, administración y cocina fueron desvinculados de sus tareas y enviados a sus casas cuando intentaron ingresar a sus puestos, según denunció la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Desde el Gobierno justificaron la reorganización por la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad, en un contexto marcado por la próxima visita del papa León XIV. También trascendió que una investigación interna habría detectado posibles riesgos de filtraciones de información vinculada con las actividades del Presidente y su entorno.
La Casa Militar, conducida por el general de brigada Sebastián Ibáñez y dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, quedó a cargo de la nueva organización operativa de Olivos.
Los cambios también alcanzaron a otros integrantes del área que conduce Karina Milei. Tres días después de la salida de Sosa, María Belén Agudiez renunció a la Subsecretaría de Planificación General. La funcionaria, señalada como una colaboradora cercana de la secretaria general, había recomendado la incorporación de Sosa y posteriormente fue reubicada en un puesto administrativo del Correo Argentino.
En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante los tribunales federales de Comodoro Py para que se investigue a Karina Milei, Agudiez, Sosa y otras personas por presuntas irregularidades en compras y contrataciones realizadas en la residencia presidencial.
La presentación sostiene que alimentos adquiridos con fondos públicos podrían haber sido desviados a un emprendimiento gastronómico privado vinculado con Sosa y su esposa. El Gobierno, por su parte, negó que Agudiez haya participado en hechos irregulares.
La salida del administrador y la transferencia de funciones a la Casa Militar forman parte de una reestructuración que modificó tanto la gestión de la residencia como su organización interna, mientras continúa el planteo judicial sobre presuntas irregularidades en las contrataciones.
