Uno de los casos centrales es el de la cladribina, un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple. Según las pruebas incorporadas por el Ministerio Público Fiscal, el 4 de julio de 2024 Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de la droguería, consultó en el grupo de chat “Comercial Coordinadores” sobre la rotación de un producto que había ingresado a un costo de $92.000.
Tomás Medina, responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales, respondió sobre el precio al que debía venderse: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”.
Los mensajes fueron contrastados con documentación de las licitaciones realizadas el 29 de julio y el 2 de agosto de ese año. En ambas operaciones se adjudicaron 66 unidades de cladribina: 52 a la droguería investigada por un valor unitario de $3.900.000 y las restantes a $4.000.000.
Los importes contrastan con los $281.000 que había alcanzado el medicamento en mayo. Un mes después, el precio cotizado para la misma droga fue de $405.014. Para la fiscalía, las diferencias requieren una explicación y podrían constituir un indicio de manipulación de precios.
Los investigadores también pusieron el foco en las cotizaciones de otras compañías que participaron de las licitaciones. En una de las operaciones de julio, la droguería ofreció el medicamento a $3,9 millones, el mismo valor presentado por otra firma, mientras que una tercera empresa cotizó $4,1 millones.
Sin embargo, esa última compañía había ofrecido el mismo producto a $820.000 en una licitación anterior. La fiscalía cuestionó la diferencia y planteó que esa oferta más elevada podría haber contribuido a dar un “manto de falsa transparencia” a la propuesta de la droguería investigada.
El expediente también incluye un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), según el cual la empresa facturó a la Andis $124.652.174.118,59 entre mayo de 2024 y agosto de 2025. De acuerdo con el análisis presentado, su facturación registró un incremento del 205,7% en términos reales, es decir, ajustado por inflación.
En el nuevo pedido de indagatorias, los fiscales señalaron a Pablo Atchabahian como un presunto intermediario entre la droguería y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Entre los elementos citados figura un intercambio de mensajes entre Atchabahian y un ejecutivo de la empresa, en el que ambos mantenían una relación informal. Los investigadores también detectaron que el nombre de Atchabahian aparecía en los gastos de “Directorio” de la droguería y hallaron 33 facturas de vuelos vinculadas con sus viajes.
Además, incorporaron comunicaciones de un grupo de chat en el que se discutían oportunidades de negocios poco antes de que otro de sus integrantes fuera designado en un cargo clave de la Andis, con responsabilidad sobre la implementación del programa Incluir Salud, que comprende la adquisición de medicamentos.
Según la hipótesis fiscal, ese funcionario habría sido un colaborador directo de Atchabahian. Los elementos forman parte de la investigación sobre los vínculos entre el sector privado y los responsables de las compras estatales.
La presentación también detalla presuntas irregularidades en la compra de Factor VIII combinado con Factor Von Willebrand, utilizado por pacientes con hemofilia.
De acuerdo con los mensajes incorporados al expediente, Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales, solicitó una cotización a Martín Pinto, jefe de Control Comercial. Durante el intercambio se mencionó un costo de $450.000, pero el medicamento terminó adjudicado a la droguería por un valor unitario de $1.742.401.
La operación representó un total de $226.512.130. Al comparar el precio de adjudicación con el costo mencionado en las comunicaciones, la fiscalía describió la existencia de “pagos irracionales en perjuicio del erario público”.
Otro de los ejes de la investigación es el presunto uso de Génesis como empresa pantalla para simular competencia y distribuir ganancias. Los fiscales señalaron que las comunicaciones entre representantes de ambas compañías, junto con los hallazgos realizados en las instalaciones de Génesis, apuntarían a una actividad comercial limitada. Durante los procedimientos se encontraron pocos medicamentos en el lugar.
Según la documentación incorporada, Génesis facturó a la Andis $24.800 millones entre enero de 2024 y agosto de 2025. Los investigadores también detectaron mensajes eliminados entre directivos de las dos empresas, que podrían aportar indicios sobre una eventual coordinación de negocios.
La fiscalía cuestionó, además, que la droguería investigada no se presentara en determinadas licitaciones que luego fueron ganadas por Génesis. Ese comportamiento fue considerado relevante para analizar si existía una competencia real entre ambas firmas.
Las operaciones comerciales también quedaron bajo análisis: la droguería vendió medicamentos a Génesis por $378,8 millones, mientras que esta última cerró negocios con la Andis por $545,7 millones. La diferencia entre ambos montos fue de $166.906.487,11.
Con estas pruebas, los fiscales buscan avanzar en la investigación sobre un posible esquema de sobreprecios, acuerdos entre empresas y desvío de fondos públicos destinados a la adquisición de medicamentos para personas con discapacidad. Las responsabilidades penales deberán determinarse en el marco del proceso judicial.
