La medida implica que no se harán públicos los detalles de la compra, incluidos el tipo de material que se incorporará, los costos de la operación y la identidad de la empresa proveedora. Según los fundamentos de la normativa, la difusión de esa información podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país, por lo que el acceso quedará limitado al personal autorizado.
La decisión se apoya en el marco legal que regula la defensa nacional y las adquisiciones militares. Entre las normas citadas figuran la Ley 23.554, que establece los principios vinculados con la soberanía, la independencia y la integridad territorial; la Ley 24.948, que contempla las atribuciones del área de Defensa en materia de equipamiento; y el Decreto 9390/63, que establece disposiciones sobre el carácter reservado de las compras, la fabricación y la infraestructura crítica para la operatividad militar.
La implementación del procedimiento estará a cargo de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa, que deberá desarrollar las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para concretar la adquisición bajo el régimen de confidencialidad.
La decisión se conoce en un contexto de tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno argentino impulsó sanciones y acciones legales contra empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el archipiélago, promovió un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) relacionado con el proyecto Sea Lion y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
En respuesta a estas medidas, el Gobierno británico convocó a la embajadora argentina para presentar una protesta formal. Además, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó ante el Parlamento que su administración mantendrá una posición firme en la defensa de los derechos de los habitantes de las islas.
Aunque el decreto no detalla públicamente las características del equipamiento que se busca adquirir, establece que la reserva de las actuaciones contractuales responde a razones de seguridad nacional y protección de las capacidades de defensa de la Argentina.
