La nueva resolución se suma a una decisión anterior que había habilitado el desembolso de otros $500 millones para cubrir tres quincenas pendientes de febrero y marzo. En esta oportunidad, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 17 estableció el monto que corresponde a cada beneficiario, en cumplimiento de una orden de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La medida se enmarca en el conflicto que mantiene la fabricante de neumáticos con sus trabajadores, algunos de los cuales llevan ocho meses acampando en las instalaciones de la planta a la espera de una solución laboral. El sindicato reclama el pago de los salarios pendientes y cuestiona los despidos producidos tras el cierre.
En abril, la firma había sido embargada por cerca de $3.000 millones. De ese total, unos $2.600 millones corresponden al reclamo salarial y otros $300 millones a las costas judiciales. La medida se vinculó con el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y la falta de pago de haberes a trabajadores afectados por el cierre.
La ejecución de los fondos comenzó en mayo, cuando la Justicia dispuso el primer desembolso de salarios mediante una cuenta de la empresa en el Banco Ciudad. El 30 de marzo ya se había ordenado un primer pago para los empleados alcanzados por el conflicto, sobre la base de un acuerdo de estabilidad laboral celebrado en mayo de 2025. Ese compromiso contemplaba mantener los puestos de trabajo hasta el 30 de junio de 2026, a cambio de beneficios fiscales otorgados por el Gobierno nacional, entre ellos reducciones en aportes y cargas sociales.
La determinación más reciente estuvo precedida por diferencias entre las partes sobre la cantidad de trabajadores incluidos y el monto que debía transferirse. Mientras el sindicato reclamó alrededor de $1.800 millones, la empresa sostuvo que correspondían unos $600 millones. Finalmente, la Justicia fijó una suma intermedia de $1.200 millones, con fecha de pago establecida para cubrir los salarios devengados hasta el 30 de junio.
El fallo no contempla a quienes firmaron acuerdos de retiro voluntario. El gremio busca incorporarlos al reclamo al sostener que esas desvinculaciones se produjeron con la fábrica cerrada y bajo condiciones de presión económica. Además, mantiene sus demandas para que se paguen los salarios posteriores a junio y se declare la nulidad de los despidos, por presuntos incumplimientos del Procedimiento Preventivo de Crisis.
Otro de los puntos de discusión es la cantidad de trabajadores alcanzados por el conflicto. Desde el inicio, el sindicato exige que se reconozca a los 968 empleados que figuraban en la nómina de mayo de 2025. La empresa, por su parte, argumentó que quedaban 243 trabajadores sin acuerdo y cuestionó la procedencia del embargo judicial.
El conflicto también tuvo derivaciones en torno a la permanencia de los trabajadores en el establecimiento. En los últimos meses se dictaron dos medidas de desalojo. La más reciente fue dispuesta el 17 de septiembre por la Cámara de Apelaciones de San Isidro, pero posteriormente quedó sin efecto por una decisión de la Sala II de garantías, mientras continúa la discusión judicial de fondo.
El cierre de FATE, una de las principales fabricantes nacionales de neumáticos, se produce en un escenario de reducción del empleo registrado y disminución de la cantidad de empresas. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en julio se registraron 948 empresas menos que en junio y una caída de 3.485 puestos laborales.
En los primeros siete meses del año, el balance acumuló 9.682 empresas menos y una reducción de 139.895 trabajadores registrados, cifras que reflejan la evolución negativa del entramado empresarial y del empleo formal durante ese período.
