El período de inscripción estará abierto entre el 1 y el 30 de noviembre, aunque el plazo podrá extenderse por otros 30 días. Según las estimaciones oficiales mencionadas en la normativa, alrededor de 20.000 empleados podrían adherir al programa.
El esquema contempla distintos niveles de compensación en función de la edad, la antigüedad y los años de aportes jubilatorios de cada agente. La adhesión implica la finalización definitiva del vínculo laboral con el Estado y la eliminación del cargo que ocupaba el trabajador. Además, quienes se incorporen al régimen no podrán volver a ingresar al servicio público durante ocho años.
La iniciativa alcanza a empleados comprendidos en la Ley 25.164, que regula el empleo público nacional, y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado encuadrados en la Ley 20.744, según las condiciones previstas en el decreto. La medida se enmarca en la política de reducción de personal estatal promovida por el presidente Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Entre los argumentos de la disposición, el Gobierno sostiene que la supresión de los cargos de quienes adhieran permitirá mejorar la administración de los recursos públicos. El decreto lleva también la firma del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El alcance del régimen está limitado a los sectores contemplados expresamente por la normativa. Quedan excluidos los trabajadores con contratos temporales, el personal de organismos descentralizados —como la ANSES—, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, además de otros grupos específicos.
Para acceder, los interesados deberán cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, pertenecer a la planta permanente y no tener procesos penales o administrativos graves pendientes. Tampoco podrán inscribirse quienes estén transitando su cuarto año de licencia por problemas de salud prolongados o hayan presentado una renuncia que todavía no fue aceptada.
El régimen también establece requisitos para quienes mantienen litigios o acciones administrativas contra el Estado: deberán desistir formalmente de esos procedimientos para adherir al programa. Asimismo, no podrán encontrarse en situación de disponibilidad al momento de realizar la solicitud.
Una vez presentada la petición, las autoridades de cada jurisdicción, incluidos ministerios y secretarías, tendrán un plazo de 40 días para resolver si la aceptan. Si no hay una respuesta dentro de ese período, la solicitud se considerará rechazada.
De esta manera, el nuevo esquema establece un mecanismo de desvinculación voluntaria con compensaciones diferenciadas y condiciones específicas de acceso. La adhesión supone no solo el cobro de la suma correspondiente, sino también la baja definitiva del puesto y la imposibilidad de regresar al empleo público durante el período establecido.
