El esquema comenzará con 54 sociedades gerentes, 121 fondos comunes de inversión y dos fideicomisos financieros, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Durante 2027, las entidades acumularán los aportes empresariales, que serán transferidos por el Banco Nación siguiendo las instrucciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para ello, cada empresa deberá informar al organismo a qué fondo desea destinar sus contribuciones.
La puesta en marcha de los FAL exigirá una adaptación de los sistemas de pagos y de administración financiera. A diferencia del funcionamiento habitual de los fondos de inversión, en los que un cliente deposita y retira dinero a través de una cuenta comitente, este mecanismo deberá contemplar desembolsos a favor de terceros —los trabajadores— en momentos que no siempre podrán anticiparse.
La implementación de esta operatoria requiere una coordinación específica entre las empresas y los organismos involucrados. Hasta hace pocas semanas, los equipos técnicos del sector privado y de ARCA trabajaban en el desarrollo del sistema necesario para instrumentar los pagos.
Uno de los principales desafíos estará en la administración de las carteras. Los gestores deberán diseñar estrategias de inversión para fondos cuyos beneficiarios podrían necesitar retirar dinero sin que exista una fecha cierta para hacerlo. Por eso, las empresas tendrán que estimar cuándo podrían recurrir a estos recursos para cubrir indemnizaciones.
En ese contexto, los FAL presentan características propias de un inversor institucional, aunque con diferencias respecto de los modelos tradicionales, como los antiguos fondos de jubilaciones y pensiones. Su particularidad será la necesidad de combinar inversiones de mediano y largo plazo con una disponibilidad de recursos que responda a las necesidades de liquidez de los empleados.
En los esquemas institucionales tradicionales, como los fondos previsionales, la administración de grandes volúmenes de dinero durante períodos prolongados permite proyectar con mayor anticipación los requerimientos de los beneficiarios. En el caso de los FAL, esa previsibilidad será inicialmente más limitada.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la acumulación de datos históricos podría permitir identificar patrones estacionales en los despidos y elaborar estimaciones sobre las futuras necesidades de fondos. Esa información ayudaría a mejorar la planificación de las inversiones y la disponibilidad de recursos.
Otro de los aspectos pendientes es la variedad de instrumentos disponibles para invertir. Actualmente, las alternativas son limitadas, aunque se espera que el menú se amplíe en el futuro. Entre las posibilidades que podrían incorporarse figuran las obligaciones negociables emitidas por empresas medianas y respaldadas por garantías.
El cronograma establece que los FAL recibirán desde el 1 de diciembre los aportes correspondientes a los salarios de noviembre. Luego, durante los 12 meses siguientes, acumularán las contribuciones de las empresas. El inicio del financiamiento de las indemnizaciones está previsto para enero de 2028.
