Ante el juez Sebastián Casanello, Montero sostuvo que la obra social de los trabajadores rurales atravesaba un “colapso informático y organizativo” que justificaba la contratación. También afirmó que el expediente había sido analizado por las distintas áreas administrativas correspondientes.
Montero estuvo al frente de Osprera en dos períodos. Durante su segunda gestión, que comenzó el 12 de agosto de 2024, dejó el cargo el 21 de agosto y regresó el 26 de octubre. Tres días después de su retorno solicitó la contratación de Htech para realizar una auditoría sobre los sistemas informáticos de la obra social.
La empresa había sido constituida en abril de ese año por un médico que en ese momento trabajaba como asesor de Montero, junto con su madre y otro empresario. Los tres fueron citados a declarar en el marco de la investigación.
El fiscal Guillermo Marijuán había señalado que el asesor de Montero actuaba además como vínculo con la familia Menem. Los registros comerciales muestran que había sido socio del actual presidente de la Cámara de Diputados desde 2019 en una empresa dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. En abril de este año, Menem transfirió sus acciones.
Montero explicó que conoció al asesor a través de su actividad en una institución educativa y confirmó que ambos participaron de una reunión en la Casa Rosada el 5 de julio de 2024. Según su declaración, la convocatoria fue realizada por autoridades de la Superintendencia de Salud, que le solicitaron conformar un equipo de asesores para una eventual intervención de Osprera. En ese contexto, señaló al asesor como especialista en informática.
La exinterventora sostuvo que vincular aquella reunión con un supuesto acuerdo para beneficiar a una empresa determinada implicaría darle un significado que no se correspondía con las circunstancias en las que ocurrió. Montero presentó su declaración por escrito y decidió no responder preguntas.
La investigación determinó que Htech recibió $266.675.288,43 por el contrato con Osprera. Al analizar las cuentas bancarias de la empresa, los investigadores detectaron además operaciones realizadas durante el mismo período en las que sus socios adquirieron vehículos de alta gama.
También fueron identificados movimientos considerados irregulares en cuatro cuentas bancarias, una de ellas perteneciente a la madre del asesor, quien había impartido instrucciones dentro de la obra social hasta agosto del año pasado.
El actual interventor de Osprera, Marcelo Petroni, suspendió posteriormente el contrato y solicitó auditorías. Este martes declaró ante Casanello y responsabilizó a Montero por la contratación. Según explicó, cuando asumió el 28 de noviembre de 2024, el acuerdo ya había sido decidido, instrumentado y ejecutado, sin que hubiera participado en las etapas previas.
Petroni también señaló que la auditoría que ordenó posteriormente confirmó, según sus resultados, la transparencia y razonabilidad técnica del contrato.
La ronda de declaraciones continuará esta semana con los demás involucrados citados por la Justicia.
