La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín, en el marco de la causa “Coninagro de Rojas y otros c/ Municipalidad de Rojas s/ amparo”. El juez Juan Atilio Bazzani estableció un plazo de 45 días para que la comuna entregue la documentación requerida.
El planteo está relacionado principalmente con los fondos provenientes de las tasas destinadas a la conservación, reparación y mejoramiento de la red vial rural, además de los recursos correspondientes a seguridad e higiene y al control de marcas y señales.
La controversia se concentra en determinar cuánto dinero ingresa por esos conceptos, cómo se calcula el valor de las tasas y qué destino tienen los fondos. Los productores también buscan conocer si los recursos efectivamente recaudados guardan relación con los servicios para los cuales fueron creados, particularmente frente al estado de la extensa red de caminos rurales de Rojas.
El partido cuenta con aproximadamente 1.200 kilómetros de caminos rurales. Según los representantes del sector, el mantenimiento de esa infraestructura constituye uno de los principales problemas para la actividad productiva.
En ese contexto, los productores recordaron un esquema aplicado años atrás para administrar los recursos de la tasa vial. A través de una ordenanza sancionada en 2002, se había establecido que el 85% de esos fondos se destinara al mantenimiento de los caminos, con participación de representantes del sector rural en la gestión.
Ese sistema fue posteriormente eliminado y los recursos pasaron a administrarse dentro de Rentas Generales. Desde el sector sostienen que el cambio afectó la disponibilidad de fondos específicos para atender la red vial.
Los productores también realizaron una estimación sobre el costo de mantener los 1.200 kilómetros de caminos. Según sus cálculos, realizar tres intervenciones anuales demandaría alrededor de $1.000 millones, mientras que la recaudación municipal vinculada con la tasa ascendería a unos $2.300 millones.
Durante una reunión con el intendente Román Bouvier, los representantes del sector plantearon esa diferencia y cuestionaron que, pese al nivel de recaudación que estiman, persistan las dificultades en los caminos rurales.
Otro de los puntos discutidos es la forma en que se determina el valor de la tasa vial. Los productores cuestionan la metodología utilizada para establecer el monto que deben pagar por hectárea.
Según los representantes rurales, el costo actual se ubica entre $25.000 y $30.000 por hectárea al año, equivalente a entre 10 y 12 litros de gasoil por hectárea, abonados en cinco cuotas. El sector sostiene que aceptó que una parte de lo recaudado pueda ingresar a Rentas Generales, pero reclama que el resto sea destinado efectivamente a la red vial.
También plantearon que los fondos permitirían incorporar maquinaria necesaria para el mantenimiento de los caminos. Como referencia, señalaron que una motoniveladora tiene actualmente un costo estimado de entre $600 millones y $700 millones.
La resolución judicial consideró insuficiente la información que había presentado inicialmente la Municipalidad. Entre los nuevos requerimientos, el municipio deberá informar los criterios y costos utilizados para calcular las tasas de control de marcas y señales y de conservación, reparación y mejoramiento de la red vial.
Además, tendrá que detallar la recaudación correspondiente a 2025 y 2026, las coparticipaciones recibidas y otros recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales.
El juzgado también pidió información sobre la extensión de la red que debe ser atendida, las tareas realizadas durante 2026 y la modalidad utilizada para ejecutarlas, ya sea con personal y maquinaria municipales o mediante la contratación de servicios externos.
A esto se suma el pedido de información sobre la cantidad de trabajadores afectados a esas tareas y sus salarios, sin incluir datos personales, además del estado de la maquinaria disponible y los gastos destinados a su reparación y mantenimiento. La documentación respaldatoria también deberá ser presentada.
Durante el proceso, la Municipalidad había sostenido que había respondido parcialmente al pedido y que parte de la información podía consultarse en su sitio web. El juez rechazó ese argumento y sostuvo que la información pública debe ser completa, adecuada, veraz y entregada en tiempo oportuno, en relación con las obligaciones de transparencia sobre el uso de los recursos públicos.
La acción judicial fue impulsada conjuntamente por tres entidades representativas del sector agropecuario de Rojas, que señalaron que el estado de los caminos constituye un problema central para los productores y que existe además una disponibilidad insuficiente de maquinaria para realizar las tareas necesarias.
Por su parte, el intendente Bouvier afirmó que el municipio entregará toda la información requerida y defendió la transparencia de su administración. También destacó inversiones realizadas en el área vial, entre ellas la adquisición de dos vehículos nuevos, y planteó que la gestión enfrenta dificultades derivadas de la reducción de recursos.
El jefe comunal también mencionó la presión sobre el sistema de salud municipal debido al aumento de consultas y cirugías y cuestionó, además, la falta de pago de determinadas obras sociales, una situación que, según indicó, se mantiene desde 2019.
Con la resolución judicial, el municipio deberá ahora completar la información sobre la recaudación, los gastos y la prestación de los servicios vinculados con las tasas rurales, mientras los productores esperan conocer con mayor precisión qué destino tuvieron los recursos obtenidos y cuánto se destinó efectivamente al mantenimiento de los caminos.
