Uno de los primeros proyectos que quedó aprobado fue el acuerdo para transferir a la Ciudad de Buenos Aires competencias de la Justicia Nacional en materia penal y correccional de menores. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos y 21 negativos, por lo que quedó sancionada.
El proyecto establece un marco para avanzar progresivamente en el traspaso de atribuciones judiciales hacia la jurisdicción porteña. Entre las competencias contempladas aparecen delitos vinculados con la seguridad, el tránsito y la integridad sexual, entre otras materias incluidas en la legislación penal.
Durante el tratamiento, el senador de La Libertad Avanza por Salta, Gonzalo Guzmán Coraita, explicó el alcance de las facultades que pasarán a la órbita de la Ciudad, actualmente bajo la administración de Jorge Macri. El legislador respaldó el proceso de transferencia y destacó su carácter progresivo.
Patricia Bullrich también manifestó su apoyo al acuerdo y vinculó la medida con la reforma constitucional de 1994. Según sostuvo, el traspaso constituye la continuidad de un proceso previsto desde entonces. La senadora también señaló que la transferencia implica que el Estado nacional deje de afrontar el costo de una Justicia que actúa sobre casos ordinarios correspondientes a la Ciudad.
Bullrich recordó además que anteriormente se concretó el traspaso de la Policía y que permanece en proceso la transferencia de competencias penitenciarias. En ese contexto, cuestionó las diferencias entre la Nación y la Ciudad en torno al traslado y alojamiento de personas detenidas.
Desde la UCR, el senador correntino Eduardo Vischi respaldó también el acuerdo. Reconoció que todavía existen cuestiones pendientes, aunque consideró que el proceso de transferencia debe desarrollarse de manera gradual.
La iniciativa encontró, en cambio, cuestionamientos del senador justicialista Jorge Capitanich. Su principal objeción estuvo relacionada con el financiamiento de las nuevas competencias y con el esquema de federalismo fiscal. Sostuvo que las provincias financian sus propias fuerzas de seguridad y cuestionó que la Ciudad de Buenos Aires tenga un tratamiento diferente.
Luego de este debate, el recinto avanzó con Inocencia Fiscal II, proyecto que ya había obtenido media sanción de Diputados el 26 de agosto y que cuenta con dictamen favorable en el Senado.
La iniciativa propone modificar los criterios utilizados para fiscalizar a los contribuyentes. Entre sus principales cambios, elimina los límites de ingresos y patrimonio necesarios para ingresar al régimen y redefine el concepto de “discrepancia significativa” entre la información declarada por los contribuyentes y aquella que detecta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para modificar la relación entre los ahorristas, los contribuyentes y el sistema financiero. El senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero sostuvo que existen dólares que permanecen fuera del circuito bancario y planteó la necesidad de generar condiciones para que esos fondos puedan incorporarse al sistema.
El bloque justicialista anticipó su rechazo al proyecto. Capitanich sostuvo que el debate debería formar parte de una discusión más amplia sobre el sistema tributario y la política monetaria. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar sobre la digitalización de las transacciones, eliminar impuestos que consideró distorsivos y analizar un régimen bimonetario o multimonetario.
El senador chaqueño también cuestionó la permanencia de los derechos de exportación y mencionó el nivel de evasión fiscal como uno de los problemas que, a su entender, deberían formar parte de una reforma integral.
Tras las exposiciones previstas de los senadores, el proyecto quedó encaminado hacia la instancia de votación. Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la iniciativa quedará convertida en ley.
Durante la sesión también se produjo un cambio en la agenda parlamentaria. Los bloques de diálogo solicitaron retirar del temario el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por lo que el oficialismo resolvió postergar su tratamiento. La iniciativa había recibido dictamen junto con Inocencia Fiscal II.
Otro de los asuntos abordados estuvo relacionado con las Islas Malvinas. El Senado habilitó el tratamiento de proyectos vinculados con la cuestión, luego del análisis realizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El procedimiento siguió las disposiciones reglamentarias correspondientes.
En ese contexto, también se presentó una iniciativa del Gobierno que contempla nuevas sanciones relacionadas con la situación de las islas.
El tema generó intervenciones de distintos sectores. La senadora Cristina López cuestionó el proyecto vinculado con la Base Naval Integrada de Ushuaia y lo relacionó con obras que, según sostuvo, fueron paralizadas al comienzo de la gestión de Javier Milei. La legisladora planteó que la discusión tiene consecuencias directas sobre Tierra del Fuego, sus trabajadores y sus familias.
López también cuestionó el cambio de posición del Gobierno respecto de la construcción de la base y pidió coherencia al Presidente en relación con sus posiciones sobre Malvinas.
Por su parte, el senador José Mayans protagonizó otro de los cruces de la jornada al referirse a la vicepresidenta Victoria Villarruel. El jefe del bloque peronista reclamó su participación en una eventual reunión de Labor Parlamentaria y cuestionó modificaciones vinculadas con la integración y funcionamiento de las comisiones.
En otro tramo de la sesión, la senadora Carolina Moisés intentó incorporar un expediente al tratamiento sobre tablas mediante una moción de apartamiento del trámite ordinario. La propuesta requería una mayoría especial de dos tercios, pero no consiguió los votos necesarios y fue rechazada.
La jornada también incluyó un debate sobre las reservas de oro del Banco Central. El senador Agustín Monteverde defendió al titular de la entidad, Santiago Bausili, frente a las críticas por el destino de parte de las reservas y calificó las acusaciones como una campaña de desinformación.
Desde el kirchnerismo, Martín Soria cuestionó las explicaciones de Bausili sobre el traslado de 37 toneladas de oro realizado en 2024. El senador sostuvo que el funcionario había informado que los lingotes habían sido enviados a Basilea, Suiza, y que la operación estaba auditada. Soria rechazó esa explicación y afirmó que el oro se encuentra en Inglaterra. También cuestionó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, al considerar que podría generar un nuevo mecanismo de endeudamiento externo.
La educación fue otro de los asuntos planteados durante la sesión. El senador Abad cuestionó los resultados obtenidos por estudiantes argentinos en evaluaciones internacionales y pidió al secretario de Educación, Carlos Torrendell, que convoque a un congreso pedagógico nacional para discutir una estrategia de largo plazo.
El legislador sostuvo que la educación debería quedar fuera de las disputas partidarias y remarcó la importancia de mejorar la comprensión lectora y la formación de los estudiantes.
La emergencia en discapacidad también ocupó parte del debate. El senador Wado de Pedro cuestionó las modificaciones planteadas en relación con la legislación vigente y recordó el veto presidencial y la posterior insistencia del Congreso para mantener la emergencia.
De Pedro sostuvo que los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 tendrán impacto sobre las familias que tienen integrantes con discapacidad y cuestionó la reducción de recursos destinados a ese sector.
Alicia Kirchner, en tanto, centró su intervención en el endeudamiento y en las dificultades económicas de las familias. La senadora planteó que las condiciones actuales complican el acceso al crédito y destacó el papel de organizaciones religiosas y sociales frente a las necesidades de distintos sectores.
Antes del inicio del tratamiento de los proyectos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió al debate presupuestario y reclamó revisar en detalle el contenido del Presupuesto 2027. También pidió que la reforma electoral sea tratada durante este año y expresó su respaldo a la eliminación de las PASO.
De esta manera, la sesión del Senado concentró proyectos de distinta naturaleza: desde modificaciones al régimen tributario y el traspaso de competencias judiciales hasta iniciativas relacionadas con Malvinas, discapacidad, educación, reservas del Banco Central y la discusión presupuestaria.
