Entre los principales acusados de ambos expedientes se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de otros imputados.
Los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni fundamentaron la decisión en las diferencias existentes entre las investigaciones. Si bien ambos expedientes comparten un contexto histórico y algunos de sus protagonistas, el tribunal consideró que analizan maniobras diferentes y cuentan con pruebas que no son coincidentes.
Uno de los argumentos centrales para separar los debates fue evitar que la tramitación conjunta extendiera innecesariamente el proceso. Cada causa tiene cerca de 200 testigos propios y las listas sólo coinciden en poco más de 20 personas. De acuerdo con el criterio expresado por el tribunal, mantener un único juicio implicaría convocar a las partes a numerosas audiencias sobre cuestiones que no necesariamente resultan relevantes para cada expediente.
En ese sentido, los magistrados señalaron que mantener ambos debates unificados “no fortalece el contradictorio: prolonga el juicio, dispersa la atención de las partes y multiplica las posibilidades de suspensión”.
El expediente Hotesur investiga una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que, según la acusación, habrían tenido origen en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a empresas vinculadas al Grupo Báez. La hipótesis sostiene que una parte de ese dinero habría sido desviada hacia el patrimonio de la familia Kirchner mediante la explotación de establecimientos hoteleros y la administración de Valle Mitre.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre habría abonado más de 28 millones de pesos a Hotesur durante su relación comercial. En el caso del hotel Las Dunas, la acusación calcula que unos 6,9 millones de pesos habrían sido canalizados entre marzo de 2010 y mayo de 2013. Para la fiscalía, esos ingresos habrían llegado al patrimonio familiar bajo la apariencia de rentas derivadas de la actividad hotelera.
La causa Los Sauces, en tanto, analiza el funcionamiento de esa sociedad inmobiliaria y hotelera y el ingreso de fondos mediante contratos de alquiler y otras operaciones con empresas vinculadas a los grupos Báez e Indalo. La acusación sostiene que esas transacciones habrían permitido otorgar una apariencia de legitimidad a los fondos, que posteriormente habrían sido incorporados al patrimonio de los accionistas.
Entre 2009 y 2016, Los Sauces S.A. habría obtenido $25.968.042,30 en concepto de alquileres pagados por empresas de esos grupos. Esa suma representaría aproximadamente el 88% de la facturación total de la sociedad durante ese período. El requerimiento judicial también puso bajo análisis algunos de los contratos, al señalar que determinadas propiedades no habrían sido necesarias para las empresas que las alquilaban o que los valores pactados habrían superado los precios de mercado.
Además de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, entre los imputados de esta investigación figuran Osvaldo Sanfelice, Romina de los Ángeles Mercado, hija de Alicia Kirchner, Patricio Pereyra Arandía y Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, junto con otros empresarios y profesionales relacionados con las sociedades investigadas. Florencia Kirchner quedó fuera del proceso luego de que su sobreseimiento fuera confirmado en 2021.
El tribunal aclaró que la decisión de desdoblar los debates no altera el juez natural, la acusación, la prueba que ya fue admitida ni las facultades de las partes. De esta manera, ambos expedientes continuarán como procesos autónomos.
El juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre a las 10. Para favorecer la continuidad del debate, el TOF 5 también habilitó los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027. El esquema inicial contempla audiencias los lunes, viernes y sábados, aunque podrá modificarse de acuerdo con las agendas de los magistrados.
El proceso por Hotesur comenzará el 19 de marzo de 2027, también a las 10. Según explicó el tribunal, no existe motivo para que el expediente que se encuentra más avanzado deba esperar la realización de diligencias pendientes en el otro proceso.
