La propuesta fue impulsada por el diputado cordobés Juan Schiaretti y cuenta con el respaldo de representantes de Provincias Unidas. El proyecto plantea modificar las leyes 27.263, sancionada en 2016, y 27.686, aprobada en 2022, sin alterar los criterios de elegibilidad ni las exigencias de integración de componentes nacionales.
Actualmente, el régimen de promoción de autopartes permite presentar solicitudes de incorporación hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que el programa de fomento de inversiones establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2029 para iniciar los proyectos alcanzados. La iniciativa legislativa busca ampliar ambos plazos de manera coordinada para evitar vacíos normativos y brindar mayor certidumbre a las empresas que proyectan desembolsos a largo plazo.
La articulación entre ambos esquemas responde a sus condiciones de funcionamiento: para acceder a los beneficios previstos por el régimen de inversiones, los vehículos o sistemas industriales deben estar previamente inscriptos y cumplir con los requisitos establecidos en el programa de autopartes.
La ley 27.263 contempla un mecanismo de créditos fiscales destinado a incentivar la incorporación de piezas fabricadas en el país. El beneficio se instrumenta mediante un bono electrónico transferible a terceros, que puede utilizarse para cancelar determinados impuestos nacionales. Su monto depende, entre otros factores, del contenido nacional de los productos involucrados, con el propósito de promover la participación de proveedores locales en las cadenas de producción de las terminales automotrices y los fabricantes de componentes.
Por su parte, la ley 27.686 creó un programa orientado a impulsar nuevas inversiones en la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor. Entre sus objetivos figuran el desarrollo de nuevos modelos, la generación de empleo de calidad, el incremento de las exportaciones y la incorporación de tecnologías vinculadas con nuevas motorizaciones, incluidos los vehículos híbridos y eléctricos. También contempla inversiones en bienes de capital e infraestructura directamente relacionada con la actividad productiva.
Uno de los argumentos centrales para extender los regímenes es el tiempo que requiere el desarrollo industrial. La fabricación de matrices, la homologación de componentes y la adecuación de proveedores a los estándares exigidos por las terminales demandan inversiones importantes y plazos prolongados hasta alcanzar resultados.
En ese escenario, un horizonte de beneficios más amplio podría facilitar las decisiones de inversión, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas autopartistas, que necesitan planificar la adquisición de equipamiento y la ampliación de su capacidad productiva.
La iniciativa apunta, en definitiva, a dar continuidad a las inversiones, fortalecer la red de proveedores nacionales, sostener el empleo industrial calificado y acompañar la transición hacia nuevas tecnologías de movilidad.
