Un relevamiento sobre las condiciones administrativas para iniciar actividades productivas expuso estas diferencias entre 30 municipios argentinos. El estudio comparó los procedimientos de habilitación, la disponibilidad de información y las herramientas digitales que ofrecen los gobiernos locales para facilitar el inicio de actividades económicas.
El Índice FÁCIL Productivo 2026 ubicó a Tres de Febrero al frente de la clasificación, con 60,90 puntos. Le siguieron la ciudad de Córdoba, con 59,03; Santa Fe capital, con 53,97; Luján, con 53,86; y Río Cuarto, con 52,70. Fueron las únicas cinco jurisdicciones que superaron los 50 puntos.
En el otro extremo quedaron Lanús, con 28,04 puntos; Quilmes, con 28,01; Avellaneda, con 25,86; y Pilar, que cerró el ranking con 20,93. La distancia entre el municipio mejor posicionado y el último alcanzó casi 40 puntos.
El índice no mide directamente cuánto tiempo demora una habilitación ni cuánto dinero necesita invertir un emprendedor, sino las condiciones administrativas que encuentra durante el proceso. Entre los factores que explican los mejores resultados aparecen la digitalización de los trámites, la claridad de las instrucciones y la posibilidad de conocer anticipadamente los pasos necesarios para poner en marcha una actividad.
En Tres de Febrero, el informe destaca la plataforma MI3F, la posibilidad de obtener habilitaciones instantáneas por internet para determinados rubros y una guía digital que reúne los requisitos y las etapas del procedimiento. Estas herramientas permiten resolver gestiones sin tener que concurrir a una dependencia municipal.
El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, actualmente senador y con licencia en el cargo municipal, atribuyó los resultados a las medidas adoptadas para simplificar trámites, reducir la burocracia y facilitar la apertura de emprendimientos. También destacó la eliminación de costos asociados a las habilitaciones y sostuvo que la simplificación administrativa contribuye a generar oportunidades económicas y empleo.
Córdoba y Santa Fe capital también se ubicaron entre las jurisdicciones mejor calificadas. Ambas cuentan con alternativas digitales para iniciar gestiones, consultar guías de trámites y realizar pagos por internet. En Santa Fe, además, se identificaron canales de asistencia, como un chat para atender consultas.
Sin embargo, la disponibilidad de plataformas digitales no garantiza que todo el procedimiento pueda completarse a distancia. En algunos municipios, las solicitudes pueden iniciarse por internet, pero luego requieren documentación física, inspecciones o verificaciones presenciales.
En una posición intermedia aparecen San Isidro, con 47,83 puntos, y General San Martín, con 46,34. El estudio reconoce que ambas localidades disponen de herramientas digitales y guías de trámites, aunque todavía mantienen circuitos híbridos que obligan a realizar gestiones adicionales.
Las mayores dificultades se concentran en los municipios con menos información pública, una mayor dependencia de trámites presenciales y requisitos que pueden resultar difíciles de identificar antes de comenzar el procedimiento.
Pilar recibió una mención particular por la escasez de información disponible sobre las habilitaciones comerciales. Aunque es posible iniciar por internet el trámite de zonificación, el relevamiento señala que no se ofrece información completa sobre los requisitos, los medios de pago, los plazos de resolución y el seguimiento de los expedientes. Estas limitaciones dificultan que los interesados puedan anticipar los pasos y las condiciones que deberán cumplir.
Lanús, Quilmes y Avellaneda también presentan debilidades relacionadas con los procedimientos presenciales o mixtos, la exigencia de documentación física y la necesidad de completar gestiones previas.
Uno de los principales problemas detectados excede las diferencias entre municipios: en el 85% de los trámites analizados se solicita información que el propio gobierno local podría tener o conseguir mediante otros organismos públicos, provinciales o nacionales. Esto obliga a los emprendedores a presentar documentación que ya podría estar disponible dentro de la administración estatal.
El relevamiento también identificó una importante cantidad de pasos previos a la habilitación. En el 70% de los municipios se requieren, en promedio, más de tres trámites antes de completar el procedimiento, mientras que en el 30% se exigen más de siete requisitos por trámite.
A las gestiones administrativas se suma la dificultad para conocer los costos. En el 38% de los procedimientos no fue posible determinar cuánto debía pagarse, ya fuera porque no existía un importe publicado o porque no se pudo identificar una referencia normativa. En el 62% restante se encontró información sobre el costo o se estableció que el trámite era gratuito.
La información sobre las normas aplicables también presenta diferencias. En 22 localidades, las guías de habilitación incluyen referencias al marco legal correspondiente, mientras que en otras ocho no se logró identificar ese contenido.
En materia de digitalización, solo 10 de los 30 municipios evaluados permiten completar íntegramente por internet los trámites analizados. En los otros 20, al menos uno de los procedimientos requiere una instancia presencial.
Las modalidades de pago muestran un panorama algo más favorable: en 20 jurisdicciones las tasas pueden abonarse digitalmente o los trámites son gratuitos. En las 10 restantes, al menos uno de los pagos debe realizarse de manera presencial.
El seguimiento de los expedientes es otro punto crítico. En el 57% de los municipios existe al menos un trámite cuyo estado debe consultarse presencialmente. En el resto se identificaron medios digitales de comunicación para las gestiones evaluadas, entre ellos WhatsApp, correo electrónico y canales telefónicos.
La posibilidad de evaluar la atención recibida también es limitada. Solo cuatro localidades implementaron encuestas de satisfacción y apenas dos permiten responderlas una vez finalizada la habilitación.
Las diferencias administrativas varían, además, según el tipo de actividad económica. El estudio contempla 12 categorías, que van desde pequeños comercios y establecimientos gastronómicos hasta clínicas privadas, estaciones de servicio e industrias.
Entre los rubros considerados menos complejos figuran kioscos, supermercados, farmacias, carnicerías, verdulerías, restaurantes, locales de indumentaria y servicios profesionales. En el grupo de mayor complejidad aparecen hipermercados, clínicas, estaciones de servicio y establecimientos industriales metalúrgicos y alimenticios.
En promedio, las actividades comerciales más sencillas alcanzaron 40,2 puntos, frente a los 38,3 de los rubros complejos. Los primeros obtuvieron mejores resultados en 17 de las 30 jurisdicciones analizadas.
Las diferencias fueron especialmente marcadas en San Miguel de Tucumán, donde los comercios simples lograron 50,2 puntos y las actividades complejas, 28. En Tigre, los resultados fueron de 44 y 31,7 puntos, respectivamente.
Según el informe, las actividades industriales, sanitarias y de mayor escala suelen requerir documentación técnica, controles ambientales, certificados de bomberos y autorizaciones de otros organismos. La dificultad no depende únicamente de la cantidad de exigencias, sino también de la claridad de la información y de las posibilidades de resolver cada etapa de forma digital.
En los municipios mejor posicionados, la distancia entre actividades simples y complejas es menor. En Tres de Febrero, los puntajes fueron de 63,7 y 57,2; en Córdoba, de 59,9 y 57,6; y en Santa Fe capital, de 54,8 y 51,9, respectivamente.
La investigación incluyó inicialmente 31 jurisdicciones seleccionadas por su relevancia económica y diversidad administrativa: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 municipios bonaerenses y nueve ciudades del interior. Sin embargo, José C. Paz quedó fuera de la clasificación final por falta de información pública suficiente, por lo que el ranking definitivo abarcó 30 localidades y no representa al conjunto de los municipios argentinos.
El estudio también comparó los resultados con tres ciudades latinoamericanas. Santiago de Chile obtuvo 84,4 puntos; Montevideo, 78,1; y Bogotá, 77,6. Las tres superaron el puntaje alcanzado por Tres de Febrero, que encabezó la clasificación argentina.
Los resultados corresponden a la información y las condiciones administrativas relevadas hasta el 30 de mayo de 2026. Por ese motivo, las modificaciones normativas, las nuevas plataformas y los cambios en los procedimientos posteriores a esa fecha no están contemplados en la evaluación.
