Durante el encuentro, los representantes plantearon que las herramientas financieras deben adaptarse a las particularidades de cada país y facilitar el cumplimiento de las normas internacionales sin convertirse en una barrera para la actividad agropecuaria. También destacaron la importancia de coordinar políticas públicas con inversiones privadas para fortalecer las cadenas productivas y ampliar las oportunidades de exportación.
El subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de Argentina, Manuel Chiappe, sostuvo que el financiamiento sostenible debe partir de la viabilidad económica de los establecimientos. Según explicó, las entidades bancarias analizan la solidez de los negocios y su capacidad de repago antes de otorgar préstamos.
En ese sentido, señaló que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para impulsar las inversiones y mencionó la reducción de la inflación, la unificación del tipo de cambio y el equilibrio de las cuentas públicas como factores centrales.
Chiappe también cuestionó las regulaciones estatales que, según su planteo, limitaron el desarrollo de la ganadería. Afirmó que el Gobierno busca eliminar restricciones vinculadas con los precios de la carne, las importaciones y las condiciones de faena.
En materia crediticia, destacó el desarrollo de préstamos cuyo pago se ajusta al nivel de producción de cada establecimiento. La herramienta, impulsada en colaboración con el Banco BICE y las cadenas bovina, porcina y láctea, permite calcular las cuotas en función de la cantidad de productos generados.
Otra alternativa es utilizar ganado en pie como garantía mediante el sistema de warrants. De acuerdo con los datos expuestos, el valor de los warrants sobre animales pasó de US$1.000 millones en 2024 a US$2.000 millones en 2025.
El funcionario agregó que se trabaja en incorporar información sanitaria y de trazabilidad del Senasa para fortalecer esas garantías, siempre con la autorización de los productores.
Respecto de las condiciones impuestas por los mercados internacionales, Chiappe afirmó que Argentina debe adecuarse a las regulaciones vigentes, aunque aclaró que eso no supone aceptar sin cuestionamientos sus fundamentos.
“No quiere decir que estemos de acuerdo con esas exigencias y que sean basadas en ciencia ni que no sigamos discutiendo que son arbitrarias”, expresó.
También aseguró que el país ya exporta carne a Europa libre de deforestación mediante el uso de información pública compartida con plataformas privadas, con autorización de los productores involucrados.
En paralelo, destacó el trabajo del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), a través del cual los países de la región buscan coordinar posiciones frente a exigencias internacionales relacionadas con la deforestación, los límites de residuos y los cambios indirectos en el uso del suelo. El objetivo es sostener sus planteos con argumentos científicos y experiencia productiva.
Por Brasil, Pedro Cunto, del Ministerio de Agricultura y Pecuaria (MAPA), planteó que el país busca seguir aumentando la producción de alimentos y biocombustibles sin avanzar sobre áreas de vegetación nativa y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según los datos presentados, Brasil cuenta con aproximadamente 100 millones de hectáreas de tierras degradadas, de las cuales cerca de 40 millones podrían recuperarse para desarrollar sistemas agrícolas y ganaderos más intensivos. A su vez, conserva 584 millones de hectáreas de vegetación nativa, equivalentes al 66% de su territorio.
Una de las iniciativas centrales es el programa Caminho Verde Brasil, que prevé restaurar hasta 40 millones de hectáreas de pastizales degradados en un plazo de diez años para convertirlas en superficies productivas sin necesidad de deforestar nuevas áreas.
Sin embargo, Cunto advirtió que el costo del crédito representa un obstáculo para concretar estos proyectos. “Ese financiamiento precisa ser de largo plazo y puntajes muy bajos que el mercado financiero no tiene en Brasil”, señaló.
Por eso, planteó la necesidad de atraer recursos internacionales que reconozcan el valor ambiental de recuperar tierras degradadas y permitan ofrecer condiciones financieras adecuadas.
En ese contexto, Brasil impulsa el programa RAIZ, presentado durante la COP30, para financiar la recuperación de tierras degradadas. La iniciativa contempla identificar áreas prioritarias, calcular los costos de los proyectos y diseñar mecanismos que reduzcan los riesgos y el costo del capital, además de promover la cooperación entre países y organismos.
El esquema reúne distintas áreas del Gobierno brasileño con entidades financieras, organismos científicos y organizaciones privadas, entre ellas Embrapa, el BNDES, el Banco do Brasil y asociaciones de productores.
Cunto indicó que una subasta que tenía como objetivo captar US$1.000 millones obtuvo compromisos por US$6.000 millones de diez bancos habilitados. Según las estimaciones presentadas, esos recursos permitirían recuperar alrededor de 1,4 millones de hectáreas, con posibilidades de alcanzar entre 2 y 2,5 millones, dependiendo de los proyectos.
No obstante, remarcó que para ampliar la iniciativa será necesario consolidar una alianza público-privada. “El gobierno tiene que poner plata con capital catalítico porque en larga escala, el capital privado necesita más garantías y menos riesgo”, afirmó.
Además, anticipó que Brasil trabaja en una nueva subasta que contará con unos US$500 millones de capital catalítico de Japón, destinados específicamente a facilitar el acceso al financiamiento de pequeños productores.
El viceministro de Desarrollo Agropecuario y Agroforestal de Bolivia, Karel Rivero, sostuvo que el país busca consolidar un marco institucional y regulatorio que permita utilizar el financiamiento sostenible para transformar la producción y fortalecer la resiliencia de la ganadería y la actividad forestal.
Rivero señaló que la sostenibilidad debe contemplar de manera conjunta la producción, la seguridad alimentaria, la conservación del capital natural y el desarrollo territorial.
En esa línea, destacó la necesidad de establecer reglas claras y estables en coordinación con el sector privado para reducir la incertidumbre y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los productores, en particular a los pequeños y medianos.
También consideró prioritario mejorar los sistemas de trazabilidad y los registros de información ambiental y productiva. Para ello, planteó la importancia de contar con mecanismos de medición y verificación transparentes, adaptados a las características de cada región, que permitan cumplir con las exigencias técnicas sin restringir el acceso al crédito.
Entre los cambios regulatorios mencionados, Rivero destacó la eliminación de los certificados de abastecimiento interno a precio justo (CAIPJ), que, según explicó, limitaban la capacidad de producción y exportación de las empresas.
El nuevo enfoque busca garantizar primero el abastecimiento del mercado interno y, sobre esa base, ampliar las exportaciones y el acceso a nuevos destinos comerciales. “En la exportación, el cielo es el límite”, concluyó.
