Fundada en 1985 por Alberto Pardo y Norma Andematten, la compañía se especializa en ropa deportiva y trajes de baño para mujeres. Su estructura comercial combina ventas directas, comercio electrónico y distribución mayorista. Actualmente, cuenta con dos locales en el barrio porteño de Palermo y un taller de confección en la misma zona. Según los registros oficiales de la seguridad social, en agosto de 2026 tenía 32 empleados.
La apertura del proceso judicial fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 17, a cargo de la jueza María Virginia Villarroel. Debido al volumen de la deuda y a la cantidad de acreedores involucrados, el expediente fue encuadrado como un gran concurso.
Los problemas financieros se profundizaron después de las interrupciones de actividad provocadas por la pandemia en 2020. Desde entonces, la empresa registró un deterioro sostenido de sus márgenes y acumuló pérdidas operativas de $90 millones en 2023, $315,8 millones en 2024 y $130,6 millones en 2025, de acuerdo con los informes contables.
Para sostener su actividad, la firma recurrió al financiamiento bancario, pero esa alternativa dejó de estar disponible durante julio y agosto de 2026. Al mismo tiempo, la retracción de la demanda interna y la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu, que comercializan productos importados a precios bajos, afectaron las ventas y complicaron las proyecciones del negocio.
Aunque la compañía aplicó medidas para reducir sus costos operativos, los ingresos no alcanzaron los niveles esperados. La combinación de menores ventas y dificultades para conseguir financiamiento derivó en una situación de falta de liquidez y cesación de pagos.
El pasivo total asciende a $1.581 millones, frente a activos valuados en $1.691 millones, integrados principalmente por mercadería y maquinaria. Dentro de las obligaciones pendientes, las deudas financieras y bancarias representan $696,3 millones, mientras que los compromisos fiscales y tributarios suman $440,9 millones.
A esos montos se agregan $315,7 millones en obligaciones laborales y previsionales y otros $128,6 millones adeudados a proveedores. Además, los últimos registros del Banco Central de la República Argentina consignan diez cheques rechazados por un total de $20 millones.
Ante la presión de los acreedores, la Justicia dispuso medidas cautelares destinadas a preservar la continuidad de las operaciones y resguardar los derechos de las partes involucradas. También se notificó al Banco Central sobre la apertura del concurso y se solicitó que la empresa no sea inhabilitada por multas vinculadas con cheques emitidos con anterioridad.
Con el inicio del procedimiento, los acreedores tendrán tiempo hasta el 28 de diciembre para presentar sus solicitudes de verificación de créditos. Por su parte, la audiencia informativa previa al vencimiento del período de exclusividad quedó fijada para el 10 de diciembre de 2027.
