Uno de los principales cuestionamientos examinados durante el proceso estuvo relacionado con la causa del fideicomiso Attila, vinculada con el financista Fernando Whpei. Según la investigación penal, el magistrado habría acordado recibir una coima de 200.000 dólares a cambio de dictar una medida cautelar que permitió a una firma acceder a USD 10 millones al tipo de cambio oficial y transferirlos al exterior, en un contexto de restricciones cambiarias.
Por estos hechos, Salmain fue procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tanto la Cámara Federal de Rosario como la Cámara Federal de Casación Penal confirmaron esa decisión judicial.
En el expediente penal también se había dispuesto la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, la medida no se había ejecutado debido a los fueros que protegían al magistrado mientras permanecía en su cargo.
Con la destitución, Salmain pierde esa inmunidad funcional, lo que habilita a la Justicia penal a avanzar con la medida cautelar ya dispuesta. No obstante, la ejecución del arresto domiciliario deberá resolverse en el marco de la causa correspondiente y no constituye una consecuencia automática de la decisión del jurado.
El proceso de enjuiciamiento también evaluó antecedentes disciplinarios del exjuez. En 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto su cesantía como empleado judicial tras una investigación por un supuesto intento de soborno destinado a alterar el sistema informático utilizado para sortear expedientes.
Según los antecedentes incorporados al procedimiento, el Consejo de la Magistratura sostuvo que Salmain no declaró aquella sanción cuando se presentó al concurso para ingresar a la magistratura en 2023.
Durante el jury, la defensa cuestionó los cargos formulados y sostuvo que no existían pruebas directas que vincularan al juez con el supuesto pago de dinero. También argumentó que no tenía la obligación de informar una sanción disciplinaria aplicada más de dos décadas antes.
La resolución del Jurado de Enjuiciamiento se circunscribió a la evaluación del desempeño de Salmain como magistrado. Por ese motivo, la destitución no representa una condena penal definitiva ni determina por sí misma su responsabilidad por los delitos investigados, que deberá establecerse en el expediente judicial correspondiente.
