La causa tendrá como uno de sus ejes el análisis de una serie de videos y se tratará de establecer qué papel desempeñó la pareja del principal acusado que será indagada hoy. Se buscará acceder al teléfono celular de Sabag Montiel
La semana que comienza será clave para la investigación judicial del intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ocurrido el jueves pasado en la puerta de su edificio en Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, porque ayer a la noche fue detenida Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en la cara de la ex presidenta.
La joven, de 23 años, fue detenida en la estación Palermo del Tren San Martín, por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista. Quedó alojada en la dependencia policial de la calle Cavia al 3300, donde está detenido Sabag Montiel, y hoy será indagada por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.
El de hoy será el quinto día del expediente. Por un lado se buscará dar con el contenido del teléfono celular de Sabag Montiel, quien gatilló en la cara de Cristina Kirchner. Y por el otro se buscará dilucidar con mayor precisión quién o quienes pudieron formar parte del hecho. Ayer surgió la sospecha de que el único detenido no actuó solo. Por eso, la jueza Capuchetti dictó el secreto de sumario de la causa. Luego fue detenida su novia.
Cristina Kirchner regresó el jueves pasado del Senado y en su casa, como ocurría desde hacía 11 días, militantes y seguidores la esperaban en la puerta del edificio en el que vive. La vicepresidenta llegó, bajó del auto y comenzó a saludar a la gente y a firmar su libro “Sinceramente”. Entre la multitud apareció un brazo que a centímetros de su rosto le gatilló. La bala no salió porque no estaba en la recámara. Los militantes lo detuvieron y lo entregaron a la custodia de la Policía Federal, cuya actuación también quedó bajo investigación judicial.
El arma, una Bersa calibre 32, fue peritada: era apta para el disparo, ya había sido usada, tenía cinco balas en el cargador que también eran aptas para usarse. En la casa de la localidad bonaerense de San Martín de Sabag Montiel, de 35 años, nacido en Brasil y nacionalizado argentino, se encontraron otras 100 balas.
El acusado quedó detenido en la sede de la Policía Federal de la calle Cavia al 3300, donde seguirá alojado por su seguridad. La noche del viernes se negó a declarar ante la jueza y el fiscal.
La investigación tiene varias medidas de prueba. Una de ellas es el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de la zona del edificio de Recoleta. Ese material ya llegó al juzgado de Comodoro Py de Capuchetti y un grupo de personas comenzó a analizarlo. Se busca saber el recorrido de Sabag Montiel: si llegó solo o acompañado, cómo lo hizo , qué movimientos tuvo en la zona y toda información que pueda ser útil para la causa.
En el análisis de las imágenes, los investigadores encontraron información que los hizo sospechar de que el acusado no habría actuado solo. De todas las hipótesis abiertas, había una que comenzaba a tomar otro cariz. Por eso la jueza dictó el secreto de sumario. Se trata de una medida para resguardar el expediente del resto de las partes y que suele preanunciar medidas fuertes. Ahora la pregunta es si Uliarte estuvo también en Juncal y Uruguay.
Esa parte de la investigación será clave esta semana: intentar profundizar la pista de qué Sabag Montiel no actuó solo. A las cámaras de seguridad se suman otros elementos que recibió el juzgado. Uno de ellos son las llamadas entrantes y salientes del teléfono celular del acusado.
Otra parte central será el teléfono celular del imputado. Se trata de un Samsung Galaxy A50, que se le secuestró la noche del jueves pasado cuando fue detenido. Tiene un patrón de acceso que el acusado se negó a dar a la Justicia. Hubo intentos de peritos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para acceder pero todavía no se pudo. En ese trabajo, el teléfono arrojó el mensaje “reseteado a fábrica” y se encendieron las alarmas.
Los peritos que trabajaron en el caso declararon ayer como testigos. La representante de la PSA, Camila Dafne Seren, dijo que el teléfono no pudo haber sido formateado de manera remota: “Resulta necesario que el equipo de comunicaciones se encuentra conectado mediante cable de conexión a la herramienta utilizada” y que “no es posible usar la herramienta de WIFI, la conexión sí o sí es con cable. También se puede dar el caso que al momento de proceder a realizar una extracción de datos haya una interrupción de esa comunicación con la herramienta y genere ese fallo. Eso también puede pasar”.
Los investigadores barajan distintas opciones tecnológicas para acceder a su contenido. La Justicia ya tiene el contenido de la tarjeta SIM y del chip del teléfono.
Por otra parte, en la causa declaró como testigo Mario Pablo Borgarelli, quien al día siguiente del ataque a Cristina Kirchner fue entrevistado en varios medios como amigo de Sabag Montiel. En su testimonial, Borgarelli aclaró que no es amigo, sino conocido y no aportó datos sobre el hecho que se investiga. Sí dijo que creía capaz a Sabag Montiel de hacer lo que hizo. El testigo aportó voluntariamente su celular para ser analizado.
Si bien lo que declaró Borgarelli no aporta al hecho del ataque, los investigadores señalaron que sí puede ser útil para el perfil virtual y económico que la Justicia está realizando sobre Sabag Montiel.
La imputación por la que está acusado consta de tres puntos. El primero es “haber intentado dar muerte a Cristina Kirchner”. Luego hay una descripción de los hechos: “Dicha conducta tuvo lugar el 1/9/22 siendo aproximadamente las 21 horas en la intersección de la calle Juncal y Uruguay, cuando la nombrada se encontraba saludando a las personas que se encontraban en el lugar, ocasión en la que el imputado apuntó hacia su rostro una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa modelo Lusber 84, accionando la cola del disparador en al menos una ocasión sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos de balas del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos”.
El segundo punto de la imputación es “haber llevado consigo el arma de fuego antes mencionada sin contar con la debida autorización legal, la cual receptó previamente con la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura y a sabiendas de ello”.
El tercero sigue en la misma vía: “Haber acopiado dos cajas de municiones con la denominación MAGTECH conteniendo cada una 50 cartuchos intactos calibre .32 automáticos, las cuales fueron secuestradas a raíz del registro domiciliario realizado en el domicilio ubicado en la calle Uriburu 727/729, San Martín, provincia de Buenos Aires”.
El acusado se negó a declarar y dijo que quiere que su defensor oficial, Juan Martín Hermida, vea las pruebas que hay en la causa. La jueza Capuchetti tiene 10 días para resolver si lo procesa, lo que se descarta que hará.
