El Gobierno tiene en carpeta un plan escalonado para avanzar con las reformas y desregulaciones que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el Ejecutivo aseguran que no buscarán concentrar ese esquema en una sola ley, sino repartirlo en distintos proyectos para evitar superposiciones en el Congreso y ordenar una secuencia política y técnica que combine cambios fiscales, regulatorios y comerciales.
El acuerdo técnico anunciado este miércoles por el organismo reforzó esa hoja de ruta al mencionar reformas en materia fiscal, tributaria y estructural como parte de la nueva etapa del programa. La primera discusión que parece más madura dentro del oficialismo es la de la Ley de Administración Financiera. En despachos oficiales la definen como una reforma “estructural” y la vinculan con el objetivo de blindar el equilibrio de las cuentas públicas.
La Casa Rosada busca rechazar proyectos con impacto presupuestario, exigir que cada iniciativa detalle cómo será su financiamiento y avanzar sobre facultades de reasignación de partidas durante el ejercicio. En Balcarce 50 admiten que también puede fortalecer la capacidad de Nación para decidir dónde ajustar si el Congreso aprueba gastos o cambios legales.
La Ley 24.156 ya regula el sistema presupuestario, de crédito público, tesorería y control del sector público nacional, de forma que cualquier cambio sobre esa base toca la base de la ejecución presupuestaria. El segundo capítulo está vinculado a las desregulaciones económicas que impulsa Federico Sturzenegger.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado trabaja en un paquete con eje en el mercado inmobiliario, de capitales y , con el objetivo de ampliar la competencia, facilitar operaciones económicas y abrir más fuentes de financiamiento privado.
La lectura interna es que ese bloque encaja con una de las metas que marcó el FMI en su comunicado: impulsar el mercado de capitales local, la inversión privada y la productividad como parte de la segunda fase del programa. En el entorno del jefe de Estado esperan recibir en el corto plazo los US$1000 millones que debe aprobar el directorio del FMI.
En el caso del mercado de capitales, la orientación que describen en el Gobierno apunta a una regulación más flexible, con menos restricciones y con instrumentos que permitan profundizar el financiamiento privado. En Nación vinculan esa agenda con la necesidad de darle más volumen a la plaza local, ampliar el acceso al crédito y acompañar la estrategia oficial de refinanciar obligaciones sin seguir drenando reservas.
Otra de las reformas que el Ejecutivo tiene en carpeta es la del Código Aduanero. Los equipos técnicos del oficialismo trabajan sobre un proyecto con foco en simplificación normativa, digitalización de procesos y reducción de discrecionalidad en clasificación arancelaria, valoración y origen de mercaderías. El antecedente inmediato fue el DNU 41/2026, aunque aseguran que el texto que preparan tiene un alcance más amplio sobre procedimientos sancionatorios y plazos administrativos.
El frente tributario, en cambio, sigue más abierto. En la Casa Rosada reconocen que no tienen cerrado un proyecto de reforma tributaria integral, aunque mantiene la intención de avanzar con una simplificación del sistema. En Balcarce 50 remarcan que están dispuestos a discutir un pacto fiscal con gobernadores para ordenar una negociación más amplia sobre impuestos nacionales, provinciales y municipales.
La reforma previsional quedará afuera de esta etapa más allá de que el FMI la mencionó junto con las reformas tributarias y del marco fiscal. La mesa política se reunirá el viernes será clave para ordenar la agenda legislativa del oficialismo, que pone la mira sobre el paquete de propiedad privada, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que forma parte del entendimiento comercial con Estados Unidos, y los pliegos judiciales, que ya tienen movimiento en el Senado.
