El Ejecutivo reconoce que el acuerdo con Washington se encuentra estancado debido a una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la política arancelaria del presidente Trump. En Balcarce 50 se explica que no desean presentar al Congreso un texto que vincula la parte más sensible a la estructura legal que adopte la Casa Blanca para respaldar los beneficios negociados.
La principal preocupación se centra en el esquema arancelario. El acuerdo contemplaba ventajas para las exportaciones argentinas y compromisos recíprocos en el acceso a mercados; sin embargo, gran parte de esta estructura se ha visto condicionada por el fallo del tribunal estadounidense, que limitó las facultades del Ejecutivo norteamericano para imponer o modificar aranceles bajo ciertos fundamentos legales.
Desde el Gobierno insisten en que el acuerdo político con Estados Unidos se mantiene firme y que las relaciones con la administración Trump siguen siendo una prioridad en la política exterior. Aun así, admiten que el trámite parlamentario deberá esperar a que Washington defina el instrumento normativo que utilizará para cumplir con su parte del compromiso.
El Gobierno ya había optado por aplicar algunos capítulos del acuerdo sin necesidad de pasar por el Congreso, lo que implica medidas relacionadas con barreras no arancelarias, el reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias, la simplificación de trámites e implementaciones regulatorias a través de decretos, resoluciones ministeriales o disposiciones de organismos de control.
No obstante, los compromisos estructurales requieren aprobación legislativa. Los capítulos vinculados a aranceles, los tratados internacionales relacionados y las modificaciones en materia de propiedad intelectual necesitan ser aprobados por el Parlamento. Por tal motivo, desde el Gobierno reconocen que el envío formal del acuerdo ha perdido urgencia en el calendario parlamentario a corto plazo.
La misma lógica se aplica al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT. Esta iniciativa, que ya se encuentra en el Congreso y cuenta con dictamen, no está dentro de la agenda inmediata de tratamiento, ya que forma parte de los compromisos asociados al capítulo de propiedad intelectual del acuerdo con Estados Unidos, un tema altamente sensible para ciertos sectores productivos y legisladores afines al diálogo.
La adhesión al Consejo de la Paz también ha sido postergada. Desde la Casa Rosada destacan que, a diferencia de otros tratados o acuerdos con un impacto económico directo, esta ratificación no genera obligaciones inmediatas que deban asumirse en el corto plazo, lo que explica su ausencia en los proyectos que la mesa política planea acelerar.
El presidente Milei respaldó el Consejo de la Paz durante su visita a Washington y subrayó que Argentina estaba dispuesta a contribuir con Cascos Blancos y su experiencia en operaciones de paz. Sin embargo, en el Gobierno consideran que este respaldo no obliga a acelerar el proceso legislativo a menos que haya compromisos operativos o financieros inmediatos.
Esta decisión implica un cambio de rumbo en comparación con los planes que se tenía a principios de año, cuando se evaluaba enviar tanto el acuerdo comercial como la ratificación del Consejo de la Paz al Congreso. La reorganización interna tras la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete ha llevado a priorizar proyectos legislativos con un impacto más urgente.
La agenda inmediata se centrará en el Senado, donde el oficialismo pretende avanzar con iniciativas relacionadas con la propiedad privada, pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, la Zona Fría y la reforma electoral, que busca obtener media sanción en agosto. Paradoxalmente, la Casa Rosada también está preparando la próxima reunión de la mesa política, presidida por Karina Milei, para organizar el calendario parlamentario.
En este contexto, los temas vinculados con Estados Unidos quedarán en suspenso. En Balcarce 50 pretenden mantener una señal política hacia Washington, pero sin incurrir en un desgaste legislativo innecesario hasta contar con claridad sobre el acuerdo comercial, el alcance del PCT y las posibles obligaciones derivadas de la adhesión al Consejo de la Paz.
