Esta decisión complica la situación legal de ambos, quienes están bajo investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Aun así, restan resultados de un estudio que confirmará si los videos divulgados fueron grabados en la residencia que ambos ocupaban en un country de San Vicente, en el departamento de Palermo de Cirio, o en otro lugar.
En paralelo, se llevó a cabo la extracción de datos del celular de Cirio para verificar la existencia de copias de los videos, así como el análisis de sus dispositivos electrónicos hallados en su vivienda de Palermo: dos tablets y cinco pendrives, uno de los cuales estaba en su Jeep Compass.
Insaurralde, a través de su abogado Fernando Pinto, argumentó que el video debió ser excluido como evidencia porque, según afirmó, proviene de un acto ilícito y vulnera la intimidad de su entonces pareja. Insistió en que la nulidad debía ser “absoluta e insubsanable” debido a que no se demostró que el video cumpliera con los criterios de “licitud, autenticidad e integridad”. Además, mencionó que Cirio había declarado haber sido hackeada y que las imágenes fueron manipuladas.
También señaló que no se verificó adecuadamente la cadena de custodia y alegó que el contenido estaba protegido por el derecho a la privacidad. Citó la doctrina del fruto del árbol envenenado, que establece que “la ilegalidad de la obtención originaria afecta y contamina todos los actos posteriores que dependan de ella”.
La defensa de Cirio respaldó los argumentos de Insaurralde, señalando que ya había denunciado la posible difusión no autorizada de su material privado y que el juez había ignorado dicha ilicitud. Su abogado, Claudio Caffarello, sostuvo que Cirio es una víctima de un delito, pero, a pesar de ello, fue sometida a un allanamiento y el Estado no investigó su denuncia, aprovechándose del ilícito en lugar de protegerla.
El fiscal Sergio Mola rechazó los argumentos de ambos y solicitó que se consideren los videos como evidencia. Afirmó que no existen pruebas que indiquen que las imágenes hayan sido obtenidas de forma ilegal y que la defensa no sustenta sus acusaciones de delito.
El juez Armella había ordenado el 21 de junio de 2026 el allanamiento del departamento de Cirio, ubicado en el piso 18 de la calle Ortega y Gasset 1661, para secuestrar dispositivos electrónicos y dinero, los cuales comenzaron a ser analizados.
Armella destacó que, aunque Cirio había denunciado en 2025 un acceso no autorizado a su celular y laptop con fines extorsivos, el caso fue archivado el 27 de marzo de 2026 por “inexistencia de delito”, dado que no se logró verificar “la materialidad de los hechos denunciados”. Cirio consentió dicha decisión sin apelación, lo que, según Armella, desacredita los argumentos de las defensas sobre la procedencia ilícita del material.
Ante los reclamos sobre la posible manipulación o generación de los videos mediante inteligencia artificial, el juez recordó que se había solicitado la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP). Serán los peritos oficiales y los de parte quienes validen la autenticidad del material para determinar si fue alterado. Armella subrayó que la investigación por enriquecimiento ilícito es “completa y rigurosa”, y que la orden de allanamiento fue “debidamente fundamentada y proporcional” respecto al contexto probatorio.
El juez también ordenó la tasación de los inmuebles relacionados con el caso, en especial el de Fincas de San Vicente, donde vivieron Insaurralde y Cirio. Esta propiedad, ubicada en un barrio cerrado, está bajo investigación, puesto que se sospecha que el lote fue adquirido a través de testaferros y que su construcción se realizó con el fin de ocultar a los verdaderos propietarios.
Además, Armella prohibió la salida del país de Insaurralde y Cirio, aunque rechazó la solicitud del fiscal Mola de proceder con sus detenciones. También se impidió salir al exterior a dos hijos de Insaurralde (Martín y Rodrigo), a Sofía Clerici y a otros dos implicados.
Insaurralde enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en un caso que se inició después de la difusión de una imagen en 2023, donde se lo ve navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” junto a Sofía Clerici.
Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora desde 2009, cuando asumió en lugar de Jorge Rossi, hasta 2021, cuando solicitó licencia para ocupar el cargo de jefe de Gabinete en el gobierno de Axel Kicillof, hasta su renuncia en septiembre de 2023, tras el escándalo del “Yategate”. Su ingreso al gabinete bonaerense fue gestionado por la expresidenta Cristina Kirchner.
