El presidente del TTN, Julio Roberto Villamonte, quedó bajo cuestionamientos luego de que sectores vinculados al ámbito sindical y político plantearan objeciones sobre la decisión de apartar al organismo de algunas tasaciones de empresas públicas incluidas en el proceso de privatización impulsado por la administración de Javier Milei.
La discusión se concentra en los casos de empresas como Intercargo, AySA, Centrales del Comahue, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica y Transener, donde el proceso de valuación quedó asociado a nuevas metodologías impulsadas desde el Gobierno nacional.
El eje del conflicto está vinculado al método de valuación utilizado. Mientras el TTN cuenta con experiencia histórica en la tasación de bienes estatales mediante criterios patrimoniales, desde el Gobierno se impulsó la utilización del método de flujo de fondos descontados, una herramienta que estima el valor de una compañía a partir de su capacidad futura de generación de ingresos.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, promovió la aplicación de este enfoque para empresas cuyo valor no depende únicamente de sus activos físicos, sino también de sus perspectivas económicas y financieras.
Dentro del debate, sectores que cuestionan la decisión sostienen que el TTN cuenta con competencia legal para intervenir en estas valuaciones y que su exclusión podría afectar la transparencia y el respaldo técnico del proceso.
La normativa que regula al organismo establece entre sus funciones la realización de tasaciones sobre bienes requeridos por organismos nacionales, provinciales o municipales, incluyendo aquellos vinculados al Estado y sociedades con participación estatal.
Además, documentos elaborados por la Auditoría General de la Nación (AGN) fueron incorporados al debate debido a antecedentes relacionados con procesos anteriores de valuación de activos estratégicos.
Uno de los casos utilizados como referencia corresponde a la tasación de las Centrales Térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López durante la gestión anterior. En ese proceso, el TTN aplicó un criterio basado en el valor patrimonial de los activos, mientras que otras evaluaciones utilizaron metodologías vinculadas al flujo de fondos futuros.
La diferencia entre ambos enfoques volvió a cobrar relevancia en el actual proceso de privatizaciones, ya que sectores críticos consideran que existen contradicciones entre las posiciones adoptadas actualmente y los criterios utilizados por el organismo en años anteriores.
La discusión también alcanzó los mecanismos utilizados para definir las valuaciones de empresas estatales. En ese marco, el Gobierno impulsó la participación del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) mediante una unidad especializada en valuaciones creada para analizar compañías cuya valoración requiere considerar variables financieras, económicas, contables y sectoriales.
Desde la administración nacional sostienen que el método de flujo de fondos descontados resulta adecuado para empresas cuyo valor está asociado a su capacidad de generar ingresos futuros. En cambio, quienes cuestionan esta decisión consideran que el Tribunal de Tasaciones debería haber tenido una participación central por su trayectoria técnica y por el marco legal que regula sus funciones.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) estableció criterios de reserva sobre determinados informes de valuación hasta la finalización de los procedimientos administrativos correspondientes. Esta decisión generó críticas de sectores que reclaman mayor acceso a la información vinculada con los procesos de privatización.
Además, se presentaron pedidos de información relacionados con la intervención del Tribunal de Tasaciones y con las razones por las cuales algunas evaluaciones fueron derivadas a otros organismos.
El debate también se trasladó al ámbito judicial. Distintos procesos relacionados con empresas públicas incluidas en el programa de privatizaciones fueron cuestionados mediante presentaciones que buscan revisar aspectos vinculados a los mecanismos de valuación y al procedimiento aplicado.
En el caso de AySA, una resolución judicial frenó temporalmente parte del proceso de transferencia de activos al considerar necesario analizar posibles impactos ambientales asociados a la operación.
Respecto de Intercargo y las Centrales del Comahue, los planteos se concentraron en la metodología utilizada para establecer el valor de las compañías y en la decisión de recurrir a organismos distintos del Tribunal de Tasaciones para realizar las evaluaciones.
Sectores sindicales vinculados a empresas estatales solicitaron que las autoridades responsables expliquen los criterios utilizados y presentaron documentación ante organismos legislativos para impulsar instancias de revisión.
En relación con las centrales hidroeléctricas del Comahue, también se realizaron presentaciones judiciales que cuestionan el procedimiento de valuación y reclaman acceso a la documentación relacionada con las operaciones previstas.
La controversia expone una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la administración y transferencia de empresas públicas, así como sobre los criterios técnicos que deben aplicarse para determinar el valor de activos estratégicos.
Mientras el Gobierno sostiene que las nuevas metodologías buscan adaptar las valuaciones a estándares utilizados internacionalmente y agilizar los procesos de reorganización estatal, sus críticos plantean que la exclusión del Tribunal de Tasaciones podría debilitar los controles técnicos y afectar la transparencia de las operaciones.
El avance de los procesos de privatización mantiene abierto el debate sobre la forma en que se calculan los valores de las empresas estatales y sobre los mecanismos de control que acompañarán esas decisiones.
