Las iniciativas, que tienen objetivos similares pero difieren en quiénes podrían acceder a esas tierras y en el destino de los recursos obtenidos, se encuentran en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Una fue presentada por el diputado del PRO Javier Sánchez Wrba y la otra por la legisladora de Unión por la Patria Agustina Propato.
Ambos proyectos plantean permitir la producción agrícola en sectores ubicados junto a las rutas nacionales, aunque con distintos criterios para asignar los permisos. La superficie potencial surge de estimaciones sobre la extensión de la Red Vial Nacional y el espacio que podría destinarse a cultivos sin afectar las condiciones de seguridad vial.
Una de las estimaciones toma como referencia unos 40.000 kilómetros de rutas y calcula que, en las zonas que resulten aptas, podrían aprovecharse en promedio dos hectáreas por kilómetro. De esta manera, el potencial llegaría a unas 50.000 hectáreas para cultivos anuales.
El proyecto de Propato utiliza un cálculo más conservador: considera una hectárea por kilómetro sobre una extensión de 36.000 kilómetros, lo que daría una superficie superior a las 30.000 hectáreas.
Por ese motivo, las 50.000 hectáreas deben entenderse como un máximo potencial y no como la cantidad de tierras que necesariamente pasarían a producirse si alguno de los proyectos fuera aprobado.
En relación con la superficie agrícola total del país, el impacto sería reducido. Sobre las aproximadamente 43,6 millones de hectáreas sembradas con granos durante la campaña 2024/25, la incorporación de 50.000 hectáreas representaría una expansión cercana al 0,11% o 0,12%.
Como referencia del potencial productivo, si toda esa superficie fuera destinada hipotéticamente a soja de primera y se tomara un rendimiento promedio de 3,22 toneladas por hectárea, podrían obtenerse unas 161.000 toneladas. Con un valor FOB de 415 dólares por tonelada, el volumen equivaldría a unos 66,8 millones de dólares en exportaciones.
Se trata, de todos modos, de una estimación teórica, ya que ninguna de las iniciativas establece que las tierras deban destinarse exclusivamente a la soja. Los proyectos contemplan una mayor variedad de cultivos y plantean como objetivo principal incorporar al uso productivo tierras públicas actualmente subutilizadas.
El aprovechamiento de estas franjas está restringido desde 2008. Ese año, la Dirección Nacional de Vialidad dejó sin efecto un régimen que permitía otorgar permisos temporales para sembrar, cultivar y cosechar determinados cultivos en sectores específicos de las zonas de camino.
La propuesta de Sánchez Wrba plantea derogar la Resolución 2018/2008 y establecer un nuevo régimen nacional. Las zonas destinadas a banquinas y seguridad vial quedarían excluidas, al igual que el pastoreo de ganado y la instalación de cercos. Vialidad Nacional conservaría la facultad de controlar los permisos y dejarlos sin efecto por razones técnicas o de seguridad.
Los permisos serían temporales y renovables, por lo que los productores no adquirirían la propiedad de las tierras.
El proyecto del diputado del PRO establece además una prioridad para los productores que sean propietarios, arrendatarios o explotadores de campos linderos a las franjas de dominio público. El acceso se realizaría mediante permisos onerosos y los recursos obtenidos a través de los cánones deberían destinarse al mantenimiento y conservación de la Red Vial Nacional.
La recaudación, sin embargo, tendría un impacto acotado sobre el financiamiento vial. Un cálculo estima que un canon de unos 100 dólares anuales por hectárea aplicado sobre 50.000 hectáreas permitiría obtener como máximo unos 5 millones de dólares por año, menos del 1% del presupuesto de Vialidad Nacional.
El beneficio para el Estado también podría producirse de manera indirecta si los productores que obtengan los permisos asumen tareas de mantenimiento de los terrenos que actualmente corresponden al Estado.
La iniciativa de Propato establece un esquema diferente. Contempla permisos tanto onerosos como gratuitos y otorga prioridad a las provincias, que serían las encargadas de avanzar con el acceso de beneficiarios de planes de asistencia alimentaria. También incluye entre los posibles destinatarios a cooperadoras de escuelas rurales y cooperativas de producción.
En este caso, los recursos obtenidos tendrían como destino programas vinculados con la seguridad alimentaria y el acceso a la canasta básica. El proyecto incorpora además criterios ambientales, como el control de plagas y la promoción de cultivos orgánicos.
El uso productivo de franjas próximas a rutas provinciales ya cuenta con antecedentes en la provincia de Buenos Aires. Desde 1985 existe una normativa que permite a los municipios otorgar permisos temporales para utilizar esos terrenos. En 9 de Julio, por ejemplo, se convocó a productores cercanos a la Ruta Provincial 65 para realizar siembras en esas franjas bajo ese marco legal.
Ese antecedente es utilizado en los fundamentos del proyecto de Sánchez Wrba como referencia de un esquema que permite compatibilizar la producción agrícola con la función vial mediante reglas específicas.
La propuesta nacional establece que quienes reciban los permisos deberán cumplir condiciones vinculadas con la visibilidad, el drenaje y la seguridad vial, mientras que el Estado conservará las facultades de control sobre el uso de esos terrenos.
