El dispositivo incluye un vallado que se extiende desde la mitad de la Plaza de Mayo y una importante presencia de fuerzas federales. Los manifestantes tienen previsto movilizarse hacia el Palacio de Hacienda para reclamar respuestas frente al nivel de deuda que afecta a millones de familias.
La morosidad de los hogares alcanzó en mayo el 12,8%, el nivel más alto en más de 24 años, de acuerdo con datos del Banco Central. Además, el volumen total de deuda vinculada a créditos de personas, tanto dentro como fuera del sistema financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses.
El sector no bancario concentra una parte significativa del problema. Entre los proveedores de crédito no financieros, los atrasos superiores a tres meses representan casi un tercio del total.
Desde el oficialismo cuestionaron la movilización y consideraron que tiene un carácter político. La protesta fue organizada por distintas organizaciones de trabajadores y movimientos sociales, que concentrarán sus reclamos en torno al endeudamiento de las familias y la situación de las pymes.
La problemática generó también diferencias dentro del propio oficialismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la morosidad constituye un asunto entre privados, debido a que los créditos se otorgan entre bancos y clientes, y consideró que el margen de acción del Gobierno sobre esas operaciones es limitado.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo una postura diferente. Si bien respaldó el rumbo económico de la administración de Javier Milei, planteó la necesidad de acelerar los resultados para que la recuperación pueda sentirse en la vida cotidiana de las familias y las empresas.
La senadora también señaló la necesidad de que el Gobierno tenga mayor cercanía con los sectores que atraviesan dificultades y que comunique con mayor claridad las herramientas disponibles para quienes tienen problemas para afrontar sus deudas.
Entre esas herramientas se encuentra una línea de créditos UVA presentada en junio por el Banco Nación para regularizar deudas. El dato sobre los 5,9 millones de argentinos con más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos surge de información del sector privado.
El endeudamiento de los hogares se produce además en un contexto de menor actividad económica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad cayó 0,5% en términos intermensuales, mientras que durante el primer trimestre registró un crecimiento del 2,3% frente al mismo período del año anterior.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconoció recientemente que la economía avanza a un ritmo más lento del esperado y consideró que una expansión anual del 2% sería insuficiente frente a las expectativas oficiales. Al mismo tiempo, ratificó que la autoridad monetaria no prevé inyectar pesos al mercado para estimular la actividad.
Ante la movilización, el Ejecutivo confirmó la aplicación del protocolo antipiquetes y dispuso un Comando Unificado en el Ministerio de Seguridad, integrado por representantes de distintas fuerzas para supervisar el desarrollo de la protesta.
El Gobierno tomó la decisión luego de los incidentes registrados durante una manifestación anterior, el 6 de agosto, cuando se debatía en el Congreso una ley vinculada con la inviolabilidad de la propiedad privada, los desalojos por ocupaciones ilegales y las expropiaciones.
Aquella protesta se desarrolló durante varias horas de manera pacífica, pero posteriormente se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Hubo lanzamiento de piedras, daños y quema de contenedores, además de personas heridas y detenidas.
Según el reporte de las fuerzas federales, fueron movilizados 820 agentes y se produjeron tres arrestos. También resultaron heridos tres efectivos, dos de ellos de gravedad, quienes fueron trasladados al Hospital Churruca. Por su parte, la Policía de la Ciudad informó otros nueve detenidos por resistencia a la autoridad, con un total de 12 arrestados.
Desde la administración de Javier Milei defendieron el accionar de las fuerzas de seguridad durante aquella protesta y respaldaron la actuación del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, director general de Organizaciones Criminales de la Policía Federal. El funcionario había sido cuestionado por un diputado debido a su presencia durante los enfrentamientos sin el uniforme reglamentario.
