A través de la Resolución General N° 1164, el Directorio de la CNV modificó las reglas aplicables a estas entidades con el objetivo de reducir cargas administrativas, simplificar procedimientos y adecuar el marco regulatorio a la legislación vigente y a los estándares internacionales.
La reforma implica una reducción de más del 50% en la extensión de la normativa. Las secciones pasan de 48 a 27 y los artículos, de 164 a 81. También se eliminaron anexos y se reorganizó el contenido en tres capítulos, con una diferenciación entre las disposiciones generales y aquellas específicas para cada categoría de calificadora.
El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que la modificación representa una reforma integral del marco regulatorio y forma parte del proceso de modernización y simplificación impulsado por el organismo.
Según explicó el funcionario, los cambios permiten eliminar requisitos considerados innecesarios y avanzar hacia procedimientos más simples y una regulación más eficiente, manteniendo los mecanismos de transparencia y supervisión.
La nueva normativa será publicada este viernes en el Boletín Oficial, momento a partir del cual comenzará a regir formalmente el nuevo esquema.
El régimen reformulado también adapta las disposiciones aplicables a las calificadoras a la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, establece la derogación del Decreto N° 1023/2013 y contempla los estándares internacionales de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
Entre los principales cambios, la regulación queda limitada a las calificaciones públicas de riesgos crediticios. Al mismo tiempo, se otorga mayor flexibilidad para que las calificadoras desarrollen actividades complementarias, siempre que estas no generen conflictos de intereses.
La reforma también apunta a reforzar la independencia del proceso de calificación. Para ello, elimina la obligación de informar previamente las reuniones del consejo de calificación y la participación de la CNV en esos encuentros.
Además, se simplifican las disposiciones referidas a la tercerización de actividades y a los convenios de calificación. Las entidades tendrán mayor margen para establecer sus propias metodologías, escalas y categorías.
En materia de divulgación y revisión de las calificaciones, el nuevo régimen establece un sistema de monitoreo permanente y exige una actualización como mínimo una vez al año. A la vez, elimina obligaciones de información consideradas innecesarias.
Con estos cambios, la CNV busca establecer un esquema regulatorio más simple y eficiente para las calificadoras de riesgo, con el foco puesto en la supervisión y la transparencia y una menor carga de exigencias administrativas.
