El análisis atribuye el aumento de la irregularidad registrado desde mediados de 2024 principalmente a factores macroeconómicos. En particular, identifica tres elementos: una fuerte expansión del crédito, un incremento de la carga financiera de hogares y empresas y un escenario de tasas de interés más exigente.
Al mismo tiempo, algunos indicadores muestran señales compatibles con una desaceleración del deterioro. Entre ellos aparecen una menor frecuencia de empeoramiento de las financiaciones, cierta estabilización de la carga financiera de los hogares y el crecimiento de las operaciones de refinanciación.
La situación, sin embargo, continúa siendo especialmente delicada entre los hogares. El mayor nivel de vulnerabilidad se concentra entre los deudores jóvenes, quienes mantienen relaciones crediticias con varias entidades y quienes recurren a proveedores no financieros de crédito.
Uno de los principales indicadores que seguirá bajo seguimiento es la proporción de los ingresos familiares destinada al pago de deudas. Los datos del Banco Central muestran que los incrementos de esa carga suelen anticipar aumentos de los préstamos irregulares de los hogares.
En este punto, el informe pone el acento en el ingreso disponible y no solamente en la evolución de los salarios. Si bien los ingresos reales registraron una recuperación parcial, los gastos fijos crecieron a un ritmo mayor entre 2024 y 2026. Como consecuencia, el dinero disponible después de afrontar los gastos esenciales avanzó con menor intensidad.
Otro foco de atención está puesto en los proveedores no financieros de crédito. A julio, este segmento presentaba una cartera irregular del 32,5%, frente al 7,7% registrado por la banca tradicional. La diferencia adquiere otra dimensión al observar el volumen de dinero involucrado: los proveedores no financieros manejaban una cartera total de $16,3 billones, mientras que el sistema bancario alcanzaba los $161,5 billones.
También existen diferencias en el tamaño de las deudas. La mediana de los compromisos con proveedores no financieros era de $300.000, frente a $1 millón en el resto del sistema financiero. De esta manera, la morosidad tiene una mayor extensión en cantidad de personas, aunque representa una proporción menor de los saldos totales.
La edad de los deudores constituye otro de los factores que marcan diferencias. En julio, el 33,4% de los clientes de entre 18 y 25 años de las entidades financieras registraba mora, mientras que entre las personas mayores de 60 años el porcentaje era del 10%.
La brecha también aparece al considerar el monto de las obligaciones: la irregularidad alcanzaba al 27,1% entre los jóvenes y al 9,3% entre los mayores. En los proveedores no financieros, la proporción de jóvenes en situación de mora superaba el 40%.
El nivel de endeudamiento con distintas entidades también guarda una relación directa con la irregularidad. Entre quienes tenían créditos con una sola entidad, la mora alcanzaba al 21,9% en julio. El porcentaje ascendía al 34% entre quienes tenían obligaciones con cinco entidades, al 45,1% con siete y al 57,6% entre quienes operaban con diez o más.
La mayor parte de los deudores se concentra, de todos modos, en quienes tienen una o dos relaciones crediticias. Por eso, los casos de mayor exposición representan una proporción limitada del universo, aunque los datos muestran un incremento sostenido del riesgo a medida que se acumulan cuotas, saldos y vencimientos en diferentes entidades.
Las refinanciaciones aparecen como otro elemento relevante para evaluar la evolución futura de la morosidad. Durante 2026, el programa del Banco Nación acumuló 114.232 operaciones por $523.203 millones y alcanzó a 99.956 clientes, aunque una misma persona pudo acceder a más de una línea.
Del monto total refinanciado, el 64,2% correspondió a casos que ya se encontraban en mora y el 35,8% a clientes considerados en premora. Las alternativas incluyen refinanciaciones de tarjetas y consolidación de deudas propias y de otras entidades, con plazos que pueden llegar hasta 120 meses según el producto.
Una parte de las operaciones comprende obligaciones con atrasos superiores a 90 días, incluso deudas castigadas o judicializadas. Por eso, la refinanciación no implica una normalización inmediata de la situación crediticia: el cumplimiento debe sostenerse durante un período prolongado para que los deudores puedan regularizar efectivamente su situación.
El informe señala así que una parte importante de los créditos refinanciados puede permanecer durante un tiempo dentro de las categorías de mayor riesgo, por lo que el efecto de estos acuerdos sobre los indicadores generales de irregularidad podría observarse con demora.
De cara al resto de 2026, la evolución de la carga de deuda de los hogares, el crédito no bancario, el comportamiento de los deudores jóvenes, el nivel de endeudamiento con múltiples entidades y el resultado de las refinanciaciones aparecen como los principales puntos de seguimiento para evaluar si la desaceleración observada se transforma finalmente en una mejora sostenida de la calidad crediticia.
