La ampliación se apoya en declaraciones que el propio Bausili realizó el 9 de septiembre durante un plenario de las comisiones de Economía Nacional y Presupuesto del Senado, en el marco del debate por un proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. En esa reunión, el titular del BCRA confirmó que una parte de las reservas de oro había sido trasladada durante 2024 y que actualmente se encuentra depositada en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea.
Según los senadores, esa declaración resulta especialmente grave porque contiene una doble contradicción. Por un lado, plantearon que resulta incoherente con la política que venía sosteniendo el Banco Central, de no informar la ubicación de las reservas de oro por razones de seguridad: si esa información podía comunicarse públicamente, sostuvieron, no queda claro por qué durante más de un año se negó a revelarla bajo el mismo argumento. Por otro lado, señalaron que si la ubicación y custodia de las reservas efectivamente requiere confidencialidad, como el propio organismo sostuvo reiteradamente, entonces también corresponde explicar por qué su presidente decidió divulgar públicamente una ubicación específica junto con la documentación que la respalda.
A esa contradicción, los denunciantes sumaron una segunda: sostienen que el oro trasladado en 2024 no estaría depositado en la sede de Basilea, sino en el Bank of England, en Londres. Por eso plantearon que Bausili no solo reveló información que hasta entonces mantenía en reserva, sino que además habría brindado datos falsos ante el Senado, tanto a los legisladores presentes como a la ciudadanía en general.
En cuanto a la auditoría de los movimientos de reservas, los senadores señalaron que también hay información que requiere aclaración. Mientras Bausili aseguró que las operaciones vinculadas al oro estaban totalmente auditadas, una comunicación enviada el 10 de septiembre por el titular de la Auditoría General de la Nación indicó que la auditoría correspondiente al ejercicio 2025 todavía no había sido aprobada, y que la evaluación sobre la trazabilidad de las reservas de oro no se había podido concretar por demoras del Banco Central en remitir la información solicitada.
Los legisladores también apuntaron contra otra explicación de Bausili, quien había justificado el envío del oro a Suiza como parte de un proceso para reconvertir lingotes viejos de baja calidad en lingotes nuevos de mayor pureza, aprovechando un contexto de alta demanda que, según sus palabras, permitía hacerlo a un costo más bajo que el histórico. Esa versión, remarcaron los senadores, contrasta con la que había dado previamente Caputo, quien había vinculado el traslado del oro a una operación financiera con resultados que calificó de “magníficos”, al sostener que mantener ese activo inmovilizado en el Banco Central, sin generar rendimiento, resultaba negativo para el país.
A partir de esa diferencia, los senadores plantearon un interrogante central: si los retornos financieros que mencionó Caputo terminaron en las arcas del Banco Central o en beneficio de los propios funcionarios denunciados. Esa duda, explicaron, se apoya en informes que muestran que el stock de oro —de 1,98 millones de onzas— se mantuvo estable durante al menos cinco años, lo que para los legisladores sugiere que no hubo ganancias ni retornos financieros positivos para el país. Según su interpretación, esa falta de transparencia en el manejo de las reservas podría estar encubriendo hechos ilícitos y beneficios indebidos para quienes están a cargo de administrarlas.
Los senadores remarcaron que estas contradicciones resultan claves para determinar si hubo incumplimientos en los deberes funcionales por parte de las autoridades responsables del manejo de las reservas, en los términos del artículo 248 del Código Penal, y sostuvieron que también deberán investigarse en conexión con las sospechas de malversación de caudales públicos planteadas en la denuncia original, así como las irregularidades señaladas en la información contable y financiera provista por la entidad monetaria.
