La sociedad COVICEN SA fue constituida recientemente y está integrada por Afema SA, Pablo Federico e Hijos SA y Guido Mogetta SA. En su directorio figura Guido Ricardo Mogetta Prevedello, hermano de Franco Mogetta.
Mogetta ocupó la Secretaría de Transporte de la Nación desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta mayo de 2025. La conformación de la nueva sociedad se conoció luego de que trascendiera la participación de la empresa familiar en el consorcio al que el Gobierno nacional otorgó la explotación del corredor vial por las próximas dos décadas.
El vínculo empresarial también quedó relacionado con la situación patrimonial declarada por el ex funcionario. En una primera presentación, Mogetta había informado que poseía acciones de Guido Mogetta SA cuyo valor declarado era de cero pesos. Posteriormente, esas acciones dejaron de aparecer en su declaración patrimonial. Según las estimaciones difundidas, el paquete accionario podría haber tenido un valor cercano a los $160 millones.
Durante su gestión al frente de la Secretaría de Transporte, además, Guido Mogetta SA recibió contratos en la provincia de Catamarca por más de $2.285 millones. Esos acuerdos estaban relacionados con proyectos en los que tuvo participación el área nacional que conducía Mogetta.
La adjudicación de la concesión a un consorcio del que forma parte la empresa familiar del ex secretario también abrió interrogantes sobre una eventual incompatibilidad con las disposiciones de la Ley de Ética Pública.
La cuestión temporal es uno de los aspectos considerados en el análisis: los distintos hechos vinculados con la empresa se produjeron durante el período en que Mogetta estuvo al frente de la Secretaría de Transporte y también durante los meses posteriores a su salida del cargo.
Con la formalización de COVICEN SA y la incorporación de su hermano al directorio, la relación entre el ex funcionario, su entorno familiar y una de las empresas que integra el consorcio concesionario quedó nuevamente bajo escrutinio.
Hasta el momento, no existen dictámenes judiciales que hayan confirmado la existencia de irregularidades.
