Las declaraciones estarán a cargo del fiscal Juan Menucci y se desarrollarán entre el lunes y el miércoles. El objetivo es determinar qué exlegisladores intervinieron en las designaciones de los titulares de las 39 tarjetas que están bajo análisis y establecer si existieron vínculos con Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, quienes fueron identificados utilizando esos plásticos en cajeros del Banco Provincia.
La investigación surgió como una derivación del expediente iniciado a partir del caso de Julio “Chocolate” Rigau, relacionado con tarjetas de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense. En 2024, las imágenes de las cámaras de seguridad del Banco Provincia permitieron identificar a Muguerza y Ortellado realizando extracciones con tarjetas vinculadas al Senado.
Los registros también mostraron encuentros entre ambos y Rigau en los cajeros, lo que llevó a los investigadores a profundizar sobre la existencia de un circuito similar en el Senado provincial. Los titulares de las tarjetas bajo investigación están vinculados, en distintos casos, con el ámbito político de La Plata. Algunos ya declararon como testigos y señalaron que realizaban tareas de militancia para Muguerza.
Los exsenadores citados pertenecen al PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. El cronograma establecido por la Fiscalía comienza el lunes con Yamila Araceli Alonso, Nadia Moirano y Érica Revilla. El martes será el turno de Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto, mientras que el miércoles deberán presentarse Joaquín de la Torre, Owen Fernández Farquharson, María Lorena Mandagara y David Hirtz.
Cada uno deberá aportar información sobre eventuales vínculos con Muguerza, Ortellado o con los titulares de las tarjetas investigadas. Los secretarios de los bloques políticos del Senado provincial ya prestaron declaración, mientras que los principales imputados de esta parte de la causa todavía no fueron indagados.
En paralelo, contadores de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense trabajan sobre los movimientos de las cuentas correspondientes a los titulares de las tarjetas. El análisis busca detectar transferencias y otras operaciones que permitan reconstruir el recorrido del dinero y determinar quiénes podrían haberse beneficiado con los fondos asociados a esos salarios.
La pesquisa también se encuentra relacionada con la información administrativa de la Legislatura. Recientemente, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el archivo de expedientes que habían sido solicitados para identificar a los legisladores que realizaron las designaciones de los empleados cuyas tarjetas eran utilizadas para retirar sus salarios.
A partir de esa situación, el juez Federico Atencio remitió el planteo correspondiente y pidió que la Fiscalía analizara la posible existencia de delitos de acción pública.
La investigación alcanza además otros antecedentes vinculados con la actuación de la Legislatura frente a requerimientos judiciales. En el Senado provincial permanece pendiente el tratamiento de un pedido de desafuero de la exsenadora Flavia Delmonte, investigada por un presunto desvío de fondos públicos mediante asesores.
Con las nuevas citaciones, la Justicia avanza sobre la etapa de designación de los titulares de las 39 tarjetas y busca establecer quiénes participaron de ese proceso y cuál fue el destino de los fondos retirados. La investigación continúa abierta y todavía resta definir la situación procesal de las personas que permanecen imputadas.
