El mandatario sostuvo que, además de esas expulsiones, el año pasado habían sido deportadas otras 10.000 personas a las que vinculó con supuestas infiltraciones provenientes de otros países y con intentos de sabotear el modelo argentino. Sin embargo, los registros del Ministerio de Seguridad utilizan categorías diferentes y no identifican como terroristas a las personas alcanzadas por los procedimientos migratorios.
Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 se contabilizaron 18.947 “incidentes de entrada”. Se trata de personas a las que se les impidió ingresar al país por distintos motivos legales o administrativos. En ese mismo período se registraron 744 expulsiones.
De los incidentes de entrada, 8.008 fueron clasificados como infracciones migratorias, categoría que incluye casos de falso turista, flagrancia y alertas. Otros 6.298 correspondieron a personas que no contaban con la documentación necesaria para ingresar al país. Además, hubo 4.566 casos relacionados con impedimentos judiciales, 42 por residencia cancelada y 33 vinculados con documentación falsa, adulterada o robada.
Los registros oficiales no establecen que esas personas hayan sido identificadas como terroristas. Según una alta fuente oficial, la mayoría de los casos correspondió a personas que no contaban con la documentación migratoria requerida y fueron obligadas a retirarse.
Uno de los episodios recientes ocurrió en Formosa, donde la Prefectura Naval detuvo a tres ciudadanos chinos que intentaban ingresar al país sin documentación válida, en una zona cercana al río Bermejo.
La información migratoria también se diferencia de lo expuesto por Auguadra ante el Congreso. Durante su comparecencia, el titular de la SIDE afirmó que no existían evidencias de amenazas terroristas concretas contra la Argentina.
En paralelo, Milei aseguró que había recibido amenazas en su contra y vinculó esa situación con el refuerzo de la seguridad en la residencia presidencial de Olivos. Las medidas incluyeron el traslado de 15 empleados civiles y el control de la residencia por parte de la Casa Militar, encabezada por el coronel Fernando Tereso.
El Presidente también hizo referencia a sus adversarios internacionales y sostuvo que algunos de sus principales enemigos se encuentran fuera del país. Durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mantuvo sus cuestionamientos a Irán y reafirmó su alianza con Israel y Estados Unidos.
Desde el Gobierno se había mencionado una supuesta amenaza de muerte recibida por vía telefónica. Sin embargo, la exposición realizada por el titular de la SIDE ante los legisladores no confirmó la existencia de una amenaza terrorista concreta contra el Presidente.
Durante esa reunión parlamentaria también se mencionó una presunta amenaza contra tres personas, entre ellas Diego Kravetz, segundo de la SIDE. Esa intimidación habría sido atribuida a Hezbollah, organización vinculada con Irán y señalada como responsable de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.
De este modo, los registros oficiales disponibles sobre los procedimientos migratorios muestran una diferencia entre las cifras de expulsiones e incidentes de entrada y la afirmación presidencial sobre la deportación de 20.000 “terroristas”. A su vez, la información expuesta ante el Congreso por la SIDE no identificó una amenaza terrorista concreta contra el país.
