La variación se produjo mientras la morosidad del conjunto del sector privado se mantuvo estable en 7,7%. En el caso de las empresas, en cambio, el indicador aumentó del 3,6% al 3,8% durante el mismo período.
Entre mayo y agosto de 2026, la irregularidad del crédito privado se mantuvo relativamente estable, aunque continúa muy por encima de los niveles registrados en octubre de 2024. En aquel momento, la morosidad total alcanzaba el 1,5%, mientras que la correspondiente a las familias era del 2,5%.
El comportamiento de agosto estuvo explicado por una reducción real de los saldos en mora de los hogares. Al mismo tiempo, el crédito destinado a las familias aumentó 0,1% mensual en términos reales, mientras que la cartera irregular se redujo 1,1%. De acuerdo con el análisis citado, se trató de la primera caída de los saldos irregulares en más de dos años.
La tasa de morosidad se obtiene al comparar los saldos considerados irregulares con el total de la financiación. Sin embargo, la evolución no fue uniforme entre las entidades financieras: en 17 de las 30 principales instituciones que otorgan crédito a hogares, la irregularidad aumentó durante agosto.
El deterioro fue más marcado entre los proveedores de crédito no financieros. En ese segmento, la mora de los préstamos a familias llegó al 33,9% y acumuló 21 meses consecutivos de aumentos. Estas entidades representan el 17% del financiamiento total destinado a los hogares, considerando bancos, financieras y otras compañías.
Entre los factores que podrían modificar la evolución de la morosidad aparecen el aumento de las refinanciaciones y la disminución de los préstamos con atrasos de hasta 90 días. En agosto, el saldo refinanciado representó el 3,8% del crédito total a las familias y el 0,8% del financiamiento a empresas, en ambos casos los niveles más elevados registrados hasta ese momento.
Según las estimaciones mencionadas, los hogares acumulan más de $2,7 billones en deudas refinanciadas. Sin embargo, el efecto de estas operaciones sobre los indicadores de morosidad no se refleja de manera inmediata.
Los plazos dependen de la situación en la que se encuentre cada deudor. Para dejar de ser considerado moroso, una persona ubicada en Situación 3, con atrasos de entre 90 y 180 días, necesita al menos dos meses. En Situación 4, el período requerido es de cinco meses, mientras que en Situación 5 alcanza los ocho meses.
Otro dato relevante es la evolución de los créditos clasificados en Situación 2, que contempla atrasos de hasta 90 días y todavía no integra la cartera irregular. En agosto, esta categoría representó el 2,7% del crédito, su nivel más bajo desde agosto de 2025. El análisis señala que, en períodos anteriores, los incrementos de esta categoría estuvieron precedidos por subas posteriores de la morosidad.
La evolución futura del indicador también estará vinculada con la recuperación del crédito. Durante los últimos 15 meses, el crecimiento de los préstamos fue débil y el stock de crédito en pesos al sector privado se mantiene, en términos reales, prácticamente en el mismo nivel que en julio de 2025, cuando se eliminaron las LEFI.
Los analistas plantearon además cautela frente a la posibilidad de una reducción sostenida de la morosidad. La evolución de las tasas en pesos antes de las elecciones resulta difícil de anticipar y, en paralelo, se observó un incremento de la tasa implícita en dólares de determinados bonos.
En particular, señalaron que la tasa forward en dólares llegó recientemente al 20% anual y consideraron que ese nivel constituye una señal de alerta. Según el análisis, si esa tasa no disminuye con el tiempo, podría producirse una suba de las tasas en pesos respecto del nivel de referencia vigente establecido por el Banco Central.
