El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense a pedido del máximo tribunal, a través de la Acordada 21/2026. Su finalidad es que las pericias médicas se realicen bajo parámetros científicos homogéneos y comparables, de manera que los magistrados cuenten con elementos técnicos para resolver situaciones que requieren conocimientos especializados.
La aplicación del protocolo alcanza a personas mayores de 18 años, procesadas o condenadas, que se encuentren alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La evaluación contempla tres situaciones previstas por la legislación: cuando la permanencia en prisión impide la recuperación o el tratamiento de una enfermedad; cuando existe una patología incurable en etapa terminal, con una expectativa de vida cercana a los seis meses; y cuando una discapacidad hace inadecuada la detención o puede representar un trato indigno.
En principio, las personas mayores de 70 años, las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños quedan fuera de este procedimiento específico, salvo que presenten alguna de las condiciones de salud contempladas en la normativa.
Para determinar cada situación, los profesionales deberán realizar una evaluación médica, odontológica y de salud mental. El examen tendrá que ser presencial, aunque se permitirá la modalidad a distancia cuando participe un médico del establecimiento penitenciario.
El segundo aspecto central de la pericia será establecer si el tratamiento que necesita la persona detenida puede brindarse efectivamente en la unidad donde se encuentra alojada. En este punto, el protocolo advierte que la existencia formal de un servicio no garantiza que el paciente pueda acceder a él.
Por ese motivo, los peritos deberán comprobar las condiciones reales de atención sanitaria, incluyendo la cobertura médica durante las noches y los fines de semana, la provisión de medicamentos, el cumplimiento de dietas específicas y la disponibilidad de infraestructura accesible, como rampas y ascensores.
Para reunir esa información, las autoridades penitenciarias deberán completar un formulario con carácter de declaración institucional. Los datos serán contrastados con las historias clínicas, los informes de la Procuración Penitenciaria y la Defensoría General, además de los hábeas corpus colectivos que se encuentren vigentes.
El documento también advierte sobre las limitaciones de la infraestructura sanitaria del sistema federal. Según establece, ninguna unidad del SPF dispone de servicios de alta complejidad, por lo que determinadas prestaciones, como terapias intensivas, intervenciones quirúrgicas, atención coronaria y hemodiálisis, requieren trasladar a los pacientes a hospitales externos.
Una vez finalizadas las evaluaciones, los informes deberán encuadrar cada caso en una de cinco categorías, de acuerdo con la posibilidad de garantizar el tratamiento dentro del sistema penitenciario. La clasificación abarcará desde las situaciones en las que la atención puede realizarse en la propia unidad hasta aquellas en las que no resulta posible brindar las prestaciones necesarias en ningún establecimiento carcelario.
También se contempla una categoría para los casos en los que no exista información suficiente para emitir una conclusión, por ejemplo, cuando el Servicio Penitenciario Federal no entregue la documentación requerida por los profesionales.
La Corte aclaró que estas clasificaciones tienen carácter estrictamente médico y no implican una recomendación sobre la concesión de la prisión domiciliaria. La decisión final seguirá correspondiendo exclusivamente a los jueces que intervengan en cada expediente.
Además, la aplicación del protocolo no quedará limitada a los profesionales del Cuerpo Médico Forense. Cualquier especialista designado por un tribunal deberá utilizar los mismos criterios y estándares para elaborar sus evaluaciones.
La resolución dispuso comunicar las nuevas pautas a las cámaras con competencia penal, a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a los ministerios de Justicia y de Seguridad. El esquema tendrá una primera revisión dentro de seis meses y, posteriormente, será actualizado una vez por año.


















