La decisión contempla la distribución de $253.536 millones en dividendos, una suma que se había acumulado durante el período en que el Estado todavía tenía participación indirecta en la principal empresa transportadora de energía eléctrica del país, a través de Energía Argentina (ENARSA).
La operación de privatización tuvo como adjudicatarias a Edison Inversiones y Genneia, que pagaron US$356,17 millones por el 50% de las acciones de Citelec que pertenecían a ENARSA. Citelec, a su vez, controla el 52,65% de Transener, por lo que el paquete vendido representaba de manera indirecta aproximadamente el 26,3% de la compañía eléctrica.
Tras la transferencia, los nuevos accionistas recibirán una parte de los dividendos aprobados por Transener. En total, el monto destinado a Edison y Genneia ronda los US$44 millones, con una distribución prácticamente equivalente: unos US$22,3 millones para cada una.
El punto que generó el debate es el momento elegido para concretar el reparto. Las ganancias correspondientes a ejercicios anteriores habían permanecido dentro de la compañía en forma de reservas y no habían sido distribuidas mientras el Estado conservaba su participación.
De acuerdo con los cálculos realizados sobre los valores de la operación, los dividendos que recibirán los nuevos accionistas representan aproximadamente el 12,5% de los US$356,17 millones desembolsados para adquirir el paquete que estaba en manos estatales.
No se detectaron irregularidades en la operación. Sin embargo, la distribución de las ganancias acumuladas poco después de concretarse la privatización abrió interrogantes respecto de la decisión de efectuar el reparto en ese momento y bajo esas condiciones.
Desde el sector privado sostienen que la adquisición se realizó tomando como referencia la situación patrimonial de las sociedades al momento de concretarse la transferencia. Esto implica que la operación contempló el conjunto de activos, pasivos y disponibilidades existentes en las compañías.
Ese argumento explica la composición patrimonial sobre la cual se concretó la compra, aunque no termina de precisar por qué las ganancias acumuladas fueron distribuidas de esa manera y después de que el Estado dejara de tener participación en la compañía.
