Las mujeres, cuya identidad no ha sido revelada, nacieron el mismo día en el mismo centro de salud, pero ninguna de ellas fue criada por sus familias biológicas. Según las autoridades judiciales, este hecho se debió a un “error o negligencia” por parte del Estado.
El descubrimiento se produjo cuando una de las afectadas se presentó ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Tras una investigación y un análisis de ADN, se estableció que la mujer no tenía vínculos biológicos con la familia que la crió y que había sido reemplazada por otra recién nacida en la misma fecha.
El juez en lo Civil y Comercial 35 de Córdoba, Mariano Díaz Villasuso, determinó que las familias que criaron a las mujeres no eran sus familias biológicas y que la responsabilidad del intercambio recaía en el Estado.
El juez condenó al Estado provincial a indemnizar a tres mujeres por el daño moral causado por el intercambio de bebés. Las dos mujeres adultas afectadas y la madre de una de ellas (quien crió a una niña que no era su hija biológica) recibirán sumas que oscilan entre 25 y 30 millones de pesos, más intereses.
“Parece evidente que la principal obligación de una maternidad es brindar la diligencia necesaria y suficiente para que el parto se realice en condiciones de seguridad y, posteriormente, que los bebés sean entregados a sus respectivas familias”, afirmó el magistrado.
En torno a la responsabilidad del Estado, el juez Díaz Villasuso expresó que “el intercambio erróneo de bebés al momento de nacer, que ocasionó que no fueran entregadas a sus familias biológicas, resultó en la adulteración y sustitución de su identidad personal y familiar”. Además, enfatizó que el derecho a la identidad es un derecho humano esencial.
El magistrado subrayó que el daño sufrido por las tres mujeres es difícil de medir en toda su magnitud. “Basta imaginar el profundo impacto que debe significar para alguien enterarse, luego de haber transitado gran parte de su vida adulta, que su familia de crianza no es en realidad su familia biológica, debido a un intercambio al nacer”, añadió.
En la sentencia, el juez también desestimó cualquier vínculo entre el hecho y la última dictadura cívico-militar, a pesar de que las mujeres nacieron en un centro de salud vinculado al circuito represivo de aquel tiempo. Agregó que las madres de las recién nacidas ingresaron al hospital de forma libre y voluntaria el día del parto.
Esta conclusión se vio respaldada por el hecho de que los perfiles genéticos de las involucradas no mostraron coincidencias con familias de personas secuestradas o desaparecidas registradas en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
