El proyecto contempla que esos distritos dejen de depender del gobierno de la provincia de Buenos Aires y pasen a contar con un régimen federal, con una administración compartida entre los municipios y la Nación. Según el planteo, el cambio permitiría modificar el sistema de seguridad, el esquema de financiamiento y la prestación de distintos servicios en el área metropolitana.
Dentro de esa transformación, De la Torre propone crear una Policía Militar del conurbano que no dependa ni del gobernador bonaerense ni de los intendentes. La fuerza tendría como principales tareas las investigaciones complejas, la inteligencia criminal, la lucha contra el narcotráfico y los operativos tácticos.
El dirigente diferencia esta iniciativa de un eventual despliegue extraordinario de las fuerzas armadas. La propuesta apunta a conformar un cuerpo federal permanente, con régimen y formación militar, diseñado específicamente para intervenir en los municipios que adquieran el nuevo estatus.
La capacitación de los efectivos se realizaría en Campo de Mayo, con participación de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino. También se contempla la posibilidad de incorporar integrantes provenientes de la actual Policía Bonaerense y establecer la guarnición de la nueva fuerza dentro del área bajo su responsabilidad.
El esquema de seguridad mantendría, a su vez, un componente municipal. Los gobiernos locales continuarían a cargo del patrullaje preventivo y de las tareas de prevención del delito mediante sus propias estructuras policiales. La nueva fuerza federal asumiría los casos de mayor complejidad y los delitos que requieran capacidades de investigación, inteligencia y despliegue táctico.
De la Torre sostiene que las fuerzas municipales demostraron capacidad para reducir el delito, aunque considera necesario dotarlas de mayores recursos. De esta manera, el modelo buscaría dividir las funciones entre la prevención territorial, bajo responsabilidad de los intendentes, y el abordaje de las organizaciones y fenómenos delictivos de mayor escala, bajo conducción nacional.
La propuesta también contempla una modificación institucional que, según el dirigente, podría concretarse mediante leyes ordinarias aprobadas por el Congreso y la Legislatura bonaerense, sin necesidad de reformar la Constitución. Esa vía sería la utilizada para avanzar tanto con la nueva estructura de seguridad como con el régimen federal para los municipios involucrados.
El proyecto se apoya además en una crítica al funcionamiento actual de la seguridad provincial. De la Torre cuestiona que la conducción bonaerense pueda responder de manera adecuada a las particularidades de cada municipio y sostiene que el crecimiento de la Policía Bonaerense desde 2010 no estuvo acompañado por una reducción equivalente de los niveles delictivos.
En su planteo, el aumento de la población, la complejidad social y la expansión del delito requieren una modificación profunda del sistema vigente. El dirigente también cuestiona el grado de conocimiento que puede tener la conducción provincial sobre las situaciones específicas que se producen en las distintas comisarías del conurbano.
La reforma de la seguridad forma parte de una iniciativa más amplia para federalizar los 24 distritos ubicados entre la ruta 6 y la Ciudad de Buenos Aires. De la Torre sostiene que el nuevo esquema permitiría reducir la intervención del gobierno provincial y concentrar la administración entre los municipios y la Nación.
El dirigente estima que en esa zona viven entre 13 y 14 millones de personas, alrededor del 28% de la población argentina. Su argumento para avanzar con la federalización también se vincula con la prestación de servicios: señala que distintas áreas esenciales ya se encuentran bajo regulación o provisión nacional, entre ellas el transporte público, la distribución de energía y gas y los servicios de agua y cloacas.
El cambio también implicaría una redistribución de recursos. Una parte de los fondos quedaría destinada al resto de la provincia de Buenos Aires, mientras que otra sería administrada a nivel nacional para financiar salarios docentes, de las fuerzas de seguridad y de hospitales nacionales ubicados en el conurbano.
El proyecto incluye además la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos en los municipios alcanzados por la federalización, como consecuencia de su desvinculación del gobierno provincial.
Para De la Torre, la modificación debería abarcar de manera simultánea la estructura institucional, el sistema de seguridad y el esquema de financiamiento. Su diagnóstico es que las herramientas actuales resultan insuficientes para responder a la situación de inseguridad y que el conurbano necesita una transformación completa de su modelo de gestión.
