El planteo apunta a determinar qué representan las cifras difundidas durante la discusión sobre el ingreso de personas al país y si corresponden a rechazos de ingreso, negativas de visas, expulsiones o personas con antecedentes penales.
Banfi señaló que buscará acceder a los registros oficiales para establecer cuántas personas fueron efectivamente rechazadas al intentar ingresar a la Argentina y bajo qué circunstancias. La legisladora remarcó que resulta necesario diferenciar ese procedimiento de una expulsión.
En ese sentido, explicó que una expulsión implica un mecanismo distinto y sostuvo que debe existir un delito cometido en el país para que pueda iniciarse ese procedimiento. La diputada también recordó que la legislación migratoria contempla la posibilidad de impedir el ingreso de personas que cuentan con determinados antecedentes criminales, aunque aclaró que esa facultad no equivale a expulsar a una persona acusada de terrorismo.
El pedido surgió a partir de las cifras mencionadas por Milei, que según Banfi oscilaron entre 20.000 y 30.000 casos. La diputada indicó que se hizo referencia a 10.000 casos correspondientes al año anterior y otros 20.000 durante el año en curso.
Ante esa diferencia, Banfi anticipó que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer exactamente qué quiso expresar el Presidente y contrastar esas cifras con los registros oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones.
Uno de los puntos que pretende determinar es si los casos mencionados corresponden exclusivamente a personas a las que se les negó el ingreso al territorio nacional. También buscará establecer si entre ellas había personas con antecedentes penales y cuáles fueron los criterios utilizados por las autoridades migratorias.
La legisladora planteó además la necesidad de conocer si existió información oficial relacionada con eventuales amenazas contra la Argentina y si esas circunstancias tuvieron alguna incidencia en las decisiones de ingreso al país.
El eje del pedido será, de esta manera, diferenciar los distintos mecanismos previstos por la normativa migratoria y precisar qué cantidad de personas fue alcanzada por cada uno. Banfi sostuvo que el acceso a los registros permitirá contar con datos concretos para determinar el alcance de las cifras mencionadas por el Presidente.
