Dentro de ese esquema, hay ocho posibles alianzas identificadas, aunque solo cuatro presentan un estado de avance mayor. Se trata de los entendimientos con Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Leandro Zdero, de Chaco; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Estos mandatarios ya habían iniciado conversaciones para conformar listas compartidas con el oficialismo libertario durante las elecciones legislativas de 2025. En Corrientes, además, no está prevista una elección a gobernador en 2027.
Un segundo grupo está integrado por Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan; y Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires. En estos casos, las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y todavía no hay definiciones sobre el alcance de los acuerdos.
En paralelo, el oficialismo analiza alternativas de competencia coordinada con otros cinco gobernadores: Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
La posibilidad de acordar reglas de competencia sin conformar listas conjuntas responde al interés de estos mandatarios por conservar sus propios espacios políticos. Las diferencias con La Libertad Avanza y el peso del peronismo en sus respectivos distritos son factores que condicionan las conversaciones.
La situación de Salta presenta un escenario particular. La estrategia electoral dependerá de cómo interprete la Justicia provincial las restricciones para una eventual tercera candidatura de Gustavo Sáenz, en el marco del límite de dos mandatos establecido por la reforma constitucional de 2021.
Mientras explora acuerdos con distintos sectores provinciales, el Gobierno también proyecta competir con candidatos propios en Córdoba y en los distritos gobernados por el peronismo. Entre ellos figuran Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.
En Córdoba, la relación con el gobernador Martín Llaryora continúa siendo compleja. Dentro del oficialismo nacional no lo consideran un aliado, por lo que el distrito aparece entre los escenarios en los que La Libertad Avanza buscaría disputar el espacio electoral sin un acuerdo político con la administración provincial.
Con este esquema, el Gobierno apunta a construir una estrategia nacional a partir de negociaciones particulares en cada distrito, con distintos niveles de entendimiento según la relación con los mandatarios y las condiciones políticas locales.
