El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha formalizado la conclusión del convenio de colaboración con el anterior Ministerio de Transporte de la Nación, que regulaba los procesos de liquidación y pago de compensaciones tarifarias, así como el suministro de gasoil a precio diferencial y la continuidad del régimen de Atributo Social y comisiones SUBE para el transporte público de pasajeros por automotor.
Esta decisión se oficializó a través del Decreto 875/2026, publicado el lunes en el Boletín Oficial bonaerense, con la firma del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Transporte, Martín Marinucci. Con esto, se da por finalizado un acuerdo que se había establecido entre ambos niveles de gobierno en diciembre de 2018, a raíz del Consenso Fiscal, el cual estipulaba que desde el 1° de enero de 2019 la provincia asumiera la definición de las compensaciones tarifarias y subsidios al transporte público en su jurisdicción.
El decreto indica que durante su vigencia, el convenio permitió al Estado nacional llevar a cabo el cálculo, la liquidación y la distribución de las compensaciones tarifarias destinadas a las empresas que prestan servicios de transporte público urbano, provincial y municipal en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que la Provincia se encargaba de transferir dichos recursos a las empresas beneficiarias.
Se destaca que el convenio fue prorrogado en diez ocasiones entre 2019 y 2025, y que todas las obligaciones y compromisos asumidos fueron cumplidos de manera satisfactoria, lo que motivó la formalización de su cierre mediante un acta firmada el 7 de marzo de 2026.
Además, el decreto detalla que esta finalización del acuerdo se produce tras la implementación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, establecido por el Decreto 3231/25. Este régimen permite a la Provincia contar con un esquema propio de subsidios para las empresas que prestan servicios de transporte automotor de jurisdicción provincial y municipal en el AMBA.
El Ejecutivo bonaerense argumenta que la adopción de este nuevo régimen provincial hace innecesaria la colaboración técnica de la Nación que estaba prevista en el convenio de 2018, por lo que se acordó dar por finalizadas las obligaciones derivadas de dicho acuerdo.
