El relevamiento, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, compila información de las máximas autoridades de salud de provincias que abarcan más del 70 por ciento de la población del país.
Uno de los hallazgos más significativos del informe es el marcado incremento en la demanda de atención. En el último año, las consultas ambulatorias por motivos de salud mental aumentaron un 23 por ciento. Más alarmante aún es el ascenso en las internaciones: entre 2023 y 2026, estas crecieron un 42 por ciento, con un incremento del 12 por ciento solo en el último año.
El estudio también revela un aumento en la demanda de atención de niñez y adolescencia, además de personas que han perdido la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga, lo que las lleva a requerir atención en el sistema estatal. Según datos provenientes de la provincia de Buenos Aires, actualmente el 30 por ciento de las consultas en las guardias hospitalarias son por problemas de salud mental.
Las jurisdicciones que formaron parte del informe incluyen Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. También asistieron al encuentro representantes de Entre Ríos y Río Negro.
Las autoridades provinciales señalaron en el Senado que este aumento de las patologías psicológicas y psiquiátricas “se produce en un escenario atravesado por el deterioro de las condiciones sociales y económicas, la pérdida de empleo y el debilitamiento de las redes de apoyo, factores que generan una presión creciente sobre los sistemas públicos de salud”.
Las 14 provincias relevadas cuentan con dispositivos de salud mental a nivel primario y realizan internaciones en hospitales generales. “Entre 2021 y 2026 se identificaron al menos 388 nuevas camas específicas para salud mental en hospitales generales. Además, 13 de las 14 provincias reportaron ampliaciones en las camas de internación y en sus redes comunitarias, que incluyen equipos territoriales, centros de día, viviendas asistidas y dispositivos para abordar consumos problemáticos”, se indicó.
Pese a estos esfuerzos, las provincias advierten que sus capacidades se ven desbordadas ante el aumento constante de los padecimientos. También identifican “dificultades específicas para completar equipos con algunas disciplinas críticas” y precisan que han tenido que “asumir con recursos propios responsabilidades que antes contaban con apoyo nacional”.
En este contexto, los funcionarios provinciales manifestaron que “las principales necesidades para mejorar la atención son aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, fortalecer la red pública, garantizar el acceso a medicamentos y generar información epidemiológica nacional de calidad”.
Asimismo, subrayan la importancia de recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios que permita mantener en agenda, de manera constante y actualizada, uno de los temas de mayor relevancia epidemiológica.
El informe fue presentado en momentos en que el Congreso evalúa una reforma a la Ley Nacional de Salud Mental, N.º 26.657. Las autoridades provinciales que participaron advirtieron que la reforma “elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos”.
En este sentido, sostienen que “el contexto actual exige fortalecer las políticas públicas existentes, incrementar los recursos destinados a salud mental y restablecer una estrategia federal que permita abordar de manera coordinada el crecimiento de la demanda.”
