Ravier remarcó que Adorni ya no forma parte del Gobierno y señaló que cualquier definición sobre su situación corresponde al Poder Judicial. También descartó vincular la causa con el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, pese a que la iniciativa podría beneficiar a personas que no hayan declarado determinados fondos.
Según explicó el vocero, el proyecto tiene como objetivo promover el regreso de dinero al sistema bancario, favorecer el ahorro y facilitar la inversión y el crecimiento económico. En ese sentido, defendió la iniciativa como una norma que el Gobierno considera fundamental, pero insistió en que no debe relacionarse con el expediente judicial que involucra a Adorni.
La causa se encuentra actualmente bajo análisis del fiscal a cargo, que deberá determinar los próximos pasos procesales a partir de las explicaciones presentadas por el exfuncionario ante la Justicia.
En ese marco, Adorni presentó un escrito de 78 páginas en el que hizo especial referencia a operaciones con criptomonedas para explicar el origen de dólares en efectivo que no habían sido declarados y otros gastos que forman parte de la investigación.
De acuerdo con la explicación de su defensa, el exfuncionario aseguró haber tenido aproximadamente US$591.544 distribuidos en ocho direcciones de Bitcoin. Según esa versión, las criptomonedas habían sido adquiridas en 2014 y posteriormente vendidas en 2018, antes de su llegada a la función pública.
La explicación sostiene que las operaciones fueron realizadas personalmente y de manera presencial en espacios públicos. Los compradores le habrían transferido el dinero correspondiente, mientras que Adorni habría entregado efectivo que mantenía sin declarar.
Sin embargo, esa versión quedó en discusión a partir de declaraciones anteriores del propio exfuncionario. En una videoconferencia realizada en octubre de 2020, Adorni había relatado una situación que ubicó cinco años antes, en 2015, y en aquella oportunidad afirmó que entonces desconocía qué eran las criptomonedas.
El contraste entre ambas referencias forma parte de los elementos que deberán ser considerados en el marco de la investigación judicial. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura de no intervenir públicamente sobre el expediente y sostiene que cualquier definición deberá surgir de la Justicia.
