El nuevo esquema fue presentado durante la audiencia pública convocada para analizar los pliegos que regirán entre 2028 y 2038. La propuesta contempla reemplazar los contratos adjudicados en 2013, que comenzaron a aplicarse en octubre de 2014 y fueron prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2028.
Uno de los principales cambios será la división de la Ciudad en ocho zonas de prestación, en lugar de las siete actuales. Seis se encuentran actualmente en manos de empresas privadas, mientras que la Zona 5, que comprende Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, es administrada por el Ente de Higiene Urbana.
La estructura de pagos también cambiará. Las empresas recibirán una parte fija y otra variable, determinada a partir de indicadores de desempeño, encuestas a vecinos y reclamos vinculados con la limpieza de cada zona. De esta manera, el incumplimiento de los estándares establecidos tendrá impacto directo sobre la remuneración.
Además, las empresas deberán presentar propuestas específicas para mejorar las condiciones de limpieza en sus respectivas áreas y resolver problemas que puedan surgir durante la vigencia de los contratos.
El sistema de fiscalización incorporará nuevas herramientas tecnológicas. Está previsto utilizar seguimiento satelital de los camiones, sensores para determinar el nivel de llenado de los contenedores e inteligencia artificial para analizar imágenes. El objetivo será controlar recorridos y frecuencias, detectar incumplimientos y localizar rápidamente puntos de acumulación de residuos para enviar cuadrillas.
También se prevé centralizar el mantenimiento de contenedores y cestos, con el objetivo de reducir demoras y establecer condiciones uniformes. Los recorridos serán definidos de acuerdo con la cantidad de residuos y las características de cada barrio, mientras que el barrido manual y mecánico tendrá en cuenta variables como el flujo de personas y los factores estacionales. Las tareas estarán monitoreadas mediante GPS.
El proyecto incorpora además un sistema de recolección diferenciada de reciclables puerta a puerta, con participación de recuperadores urbanos y cooperativas. Para los residuos orgánicos se plantea un circuito específico que comenzará con grandes generadores y determinadas zonas. También se prevé analizar en el futuro la posibilidad de construir una planta destinada al tratamiento y valorización de residuos, aunque esa alternativa quedará sujeta a estudios técnicos y ambientales.
Mientras se discuten estos cambios, el principal foco de tensión está puesto en las condiciones laborales. El Sindicato de Camioneros reclama que los futuros contratos mantengan las denominadas “Indemnizaciones Finales”, previstas en los pliegos actuales. El mecanismo establece que, cuando termina una concesión, se calcula la indemnización correspondiente a los trabajadores, que es auditada y financiada por la Ciudad, de manera que puedan continuar con sus puestos bajo la nueva empresa.
El sistema es conocido en el sector como “Ley Moyano”, aunque no corresponde a una norma formal. Se trata de una práctica instalada desde fines de la década de 1990, que vincula la indemnización con la continuidad laboral. Uno de sus antecedentes se remonta a 1998, con la finalización del contrato de Manliba, y volvió a aplicarse en 2012, cuando se aprobó un bono de 220 millones de pesos destinado a indemnizar a recolectores ante un cambio de concesionarias.
La conducción sindical considera que ese mecanismo constituye un derecho adquirido y advierte que su eliminación podría generar un costo de 200 millones de dólares para los trabajadores. Según el planteo gremial, más de 7.000 empleados estarían alcanzados por el cambio y la compensación debería quedar incorporada antes de la aprobación definitiva de los pliegos.
Hugo Moyano anticipó una fuerte disputa para defender el esquema y el sindicato comenzó a realizar asambleas en las empresas y movilizaciones hacia la Legislatura. Por el momento no fue convocado un paro del servicio de recolección. La estrategia incluye un estado de alerta y acciones destinadas a presionar al Gobierno porteño y a los legisladores.
La audiencia pública, que cuenta con cerca de 1.500 inscriptos y se extenderá durante la semana, tiene carácter consultivo. Las opiniones expresadas no son necesariamente vinculantes, aunque el Gobierno porteño contempla incorporar observaciones antes de establecer las condiciones definitivas y avanzar con la licitación.
El conflicto, por lo tanto, se desarrolla en paralelo al debate sobre el nuevo modelo de prestación. Mientras la Ciudad busca implementar un sistema con mayor fiscalización, tecnología y una remuneración parcialmente atada a los resultados, el gremio concentra su reclamo en preservar el mecanismo de indemnización que acompaña el traspaso de trabajadores entre concesionarias.
