La medida fue ordenada por el juez federal Juan Rodríguez Ponte, quien además estableció una prohibición para que Vallejo realice actividades financieras de cualquier naturaleza mientras permanezca vigente la resolución. La restricción también alcanza su participación, bajo cualquier modalidad, en proveedores de servicios de pago y otras entidades que desarrollen actividades financieras.
Entre los vehículos que deberán quedar a disposición de la Justicia figuran una Ferrari California Descapotable, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un BMW 320I, tres Audi, dos camiones Mercedes Benz Atego, otro Mercedes Benz Accelo, dos motocicletas Honda y una Yamaha. También se incluyen dos camionetas Toyota, dos Toyota SW4, una Jeep, un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line, un Citroën C3, dos Volkswagen Vento y tres Peugeot.
Aunque los vehículos ya estaban embargados, Vallejo podía utilizarlos porque algunos se encontraban bajo su custodia judicial. La principal limitación que pesaba sobre esos bienes era la imposibilidad de venderlos. Ahora deberán ser entregados para quedar bajo disposición de la Justicia.
La decisión se tomó en el marco de una serie de medidas de prueba ordenadas por el magistrado, quien asumió la titularidad del juzgado hace aproximadamente un mes y medio. La entrega de los vehículos apunta, según la resolución, a preservar los bienes registrables que podrían tener un eventual origen delictivo, impedir su disponibilidad por parte de los investigados y mantener abierta la posibilidad de un futuro decomiso si correspondiera.
Los bienes podrán ser utilizados por organismos del Poder Judicial o fuerzas de seguridad, de acuerdo con las pautas establecidas por la Corte Suprema para el uso de bienes secuestrados en causas penales.
Una de las camionetas alcanzadas por la medida es una Toyota SW4 que Vallejo utilizó cuando se presentó ante el juzgado para declarar a fines de mayo. El vehículo también forma parte del listado que deberá ser entregado.
La investigación tiene como eje las actividades de Sur Finanzas y sus vínculos con distintos clubes de fútbol. Vallejo llegó al ámbito deportivo a través de su relación con Claudio “Chiqui” Tapia y su empresa otorgó financiamiento y contratos de patrocinio a clubes de distintas categorías. Una de las causas analiza específicamente operaciones realizadas con Banfield.
En ese expediente se investigan dos contratos de préstamo celebrados en 2023 por un total de un millón de dólares. La Justicia analiza la entrega del dinero en efectivo como parte de una presunta maniobra de lavado de activos.
La causa principal también derivó en procedimientos sobre Sur Finanzas, la Asociación del Fútbol Argentino y distintos clubes que habían mantenido acuerdos de patrocinio o financiamiento con la empresa. A Vallejo se le atribuye, además, una investigación vinculada con esas operaciones.
Además del secuestro de los vehículos, Rodríguez Ponte dispuso que Vallejo no pueda prestar servicios financieros ni intervenir en empresas del sector como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico. La prohibición incluye a proveedores de servicios de pago y otras entidades financieras.
El magistrado explicó que sobre Vallejo y sus empresas ya existía un bloqueo de cuentas, pero consideró que esas medidas no resultaban suficientes para impedir la eventual utilización o conformación de estructuras vinculadas con tecnología financiera, como billeteras digitales, fintech o exchanges de criptomonedas.
La restricción no alcanza otras actividades lícitas que pueda desarrollar Vallejo, su libertad ambulatoria ni el ejercicio de otras profesiones u oficios.
