El objetivo inicial del Gobierno al llegar a la Casa Rosada había sido eliminar las restricciones existentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, las discusiones recientes en torno a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el mensaje difundido por la Selección Argentina durante el Mundial y el renovado debate sobre la cuestión Malvinas reabrieron una discusión que parecía superada dentro del oficialismo.
En este contexto, distintos sectores libertarios comenzaron a considerar la posibilidad de establecer nuevamente algún límite a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, aunque todavía no existe una definición concreta sobre el mecanismo que podría utilizarse.
La discusión se desarrolla mientras la oposición prepara una sesión en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, en la que buscará avanzar con la derogación del DNU 70/2023. Desde el oficialismo confían en que los bloques que impulsan la convocatoria no conseguirán reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum.
Esa expectativa también fue expresada públicamente por el vocero presidencial Adrián Ravier durante una reciente conferencia de prensa. Incluso desde sectores que promueven la sesión reconocen que actualmente les faltarían alrededor de diez legisladores para alcanzar el número necesario.
La oposición, sin embargo, pretende utilizar la convocatoria como una instancia para exponer las posiciones de cada diputado. La estrategia consiste en aplicar el denominado “principio de revelación”, dejando en evidencia quiénes concurren y quiénes se ausentan de una sesión que, además de discutir el DNU 70/2023, incluirá otros temas de fuerte impacto político, como la Emergencia en Discapacidad y distintas iniciativas vinculadas con el endeudamiento.
En el oficialismo tampoco parece existir una preocupación significativa ante la posibilidad de que eventualmente la oposición consiguiera avanzar con la derogación del decreto. Según fuentes del sector, aun si eso ocurriera, el Poder Ejecutivo podría volver a dictar otro DNU para establecer las medidas que considere prioritarias.
Mientras tanto, la discusión sobre la propiedad de las tierras rurales comenzó a generar un debate dentro del propio oficialismo. Algunos sectores analizan cómo modificar el artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminó las restricciones establecidas por la legislación anterior, con el objetivo de recuperar algún mecanismo de limitación para la adquisición de campos por extranjeros.
Todavía no existe una decisión definitiva y se encuentran sobre la mesa diferentes alternativas. Una de ellas, impulsada por un sector de la Cámara de Diputados, consiste en avanzar con un proyecto específico que vuelva a establecer un régimen similar al de la antigua Ley de Tierras.
Otra posibilidad es incorporar la cuestión dentro de la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En su versión original, ese proyecto incluía la derogación de la Ley de Tierras, cuya eliminación a través del DNU 70/2023 continúa siendo objeto de cuestionamientos judiciales.
El tratamiento de este tema también expuso diferencias entre el oficialismo y algunos de sus aliados. Frente a la resistencia de sectores vinculados a Patricia Bullrich para acompañar el capítulo referido a las tierras, la dirigente había planteado elevar del 15% al 25% el porcentaje de tierras que podrían ser adquiridas por compradores no residentes en la Argentina.
La propuesta tampoco consiguió el respaldo necesario. Como consecuencia, Bullrich terminó retirando el capítulo sobre tierras antes de la votación, lo que permitió que el proyecto pudiera avanzar y obtuviera media sanción.
Ahora, esa media sanción aparece como una de las posibles vías para retomar la discusión. Desde principios de agosto, cuando el texto llegó a la Cámara de Diputados, todavía no fue tratado en comisión. Algunos legisladores del oficialismo consideran que podría utilizarse como vehículo para incorporar nuevamente una regulación sobre la compra de tierras por extranjeros.
La eventual estrategia consistiría en introducir el límite dentro de ese proyecto, aprobarlo en Diputados y enviarlo nuevamente al Senado para que complete el trámite legislativo.
Por el momento, una de las pocas definiciones dentro del oficialismo es el rechazo a la posibilidad de incorporar el límite a la adquisición de tierras en el proyecto relacionado con la soberanía sobre Malvinas, una alternativa que había sido planteada por el diputado Miguel Ángel Pichetto.
Desde La Libertad Avanza consideran que incluir la cuestión de las tierras en esa iniciativa implicaría aceptar que el tema debe ser abordado bajo el concepto de “soberanía”. Para el oficialismo, en cambio, la discusión debe centrarse principalmente en el derecho de propiedad privada y en las reglas que regulan la adquisición de inmuebles rurales.
De esta manera, el debate sobre la compra de tierras por parte de extranjeros vuelve a ocupar un lugar dentro de la agenda política. Aunque el Gobierno todavía no definió si reinstalará algún límite ni bajo qué mecanismo, la discusión legislativa y las distintas posiciones dentro del oficialismo muestran que el tema dejó de ser una cuestión cerrada y podría volver a formar parte de una futura regulación.
