En el momento de mayor alcance, el organismo regulador registró casi 520.000 usuarios sin suministro de una de las distribuidoras y alrededor de 78.000 de otra. Tomando un promedio de cuatro habitantes por hogar, el apagón alcanzó a más de 2 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La recuperación del servicio comenzó después de las 21.30 y, según informó la empresa distribuidora que abastece al norte porteño y al Gran Buenos Aires, el suministro quedó completamente normalizado durante esa misma noche.
De acuerdo con la explicación oficial de la compañía, el origen del corte estuvo en una falla de un interruptor de 220 kilovolts ubicado en la subestación Malaver, en San Martín. La empresa atribuyó el episodio a un inconveniente técnico y señaló que el sistema de protección actuó para evitar consecuencias mayores, lo que permitió restablecer progresivamente el servicio.
La investigación oficial apunta específicamente al interruptor identificado como L46. Según la información disponible, el equipo utiliza hexafluoruro de azufre (SF6) a alta presión como elemento aislante. El gas habría presentado contaminación y, luego de finalizar tareas de mantenimiento, el interruptor no respondió cuando se intentó poner nuevamente en funcionamiento.
A partir de esa falla, el resto de las instalaciones salió de servicio y se produjo la interrupción generalizada. La explicación oficial descarta inicialmente un error humano y atribuye el episodio a una falla del equipamiento.
Entre las cuestiones que serán analizadas se encuentra la fecha del último mantenimiento realizado sobre el interruptor. El organismo regulador busca determinar si las tareas correspondientes se efectuaron en los plazos previstos o si alguno de los trabajos programados pudo haber sido postergado.
La posibilidad de aplicar sanciones también forma parte de la investigación. El organismo regulador anticipó que podría haber penalidades, aunque aclaró que primero debe completarse el procedimiento administrativo correspondiente.
Para determinar eventuales responsabilidades, se conformó un grupo de crisis integrado por técnicos y directivos del organismo regulador y de las empresas involucradas. También se solicitaron informes técnicos y se requerirá información al organismo encargado del despacho eléctrico para reconstruir lo ocurrido en los momentos previos al apagón.
Con esos elementos se definirá si corresponde aplicar las sanciones previstas en el reglamento de suministro. Estos procesos pueden extenderse durante varios meses antes de que las multas queden firmes y eventualmente se traduzcan en bonificaciones para los usuarios afectados.
El apagón se produjo mientras el Gobierno impulsa inversiones destinadas a reforzar la infraestructura eléctrica y reducir las interrupciones del servicio. Según la Secretaría de Energía, durante las últimas dos décadas no se realizaron obras suficientes para acompañar el crecimiento de la demanda.
En el AMBA, uno de los principales proyectos es AlmaGBA, que contempla 713 MW de almacenamiento mediante baterías instaladas en puntos críticos de las redes de distribución. La inversión estimada supera los US$540 millones y está previsto que el sistema comience a operar durante este verano.
A nivel nacional, en julio también fue adjudicado el proyecto AlmaSADI, que incorpora 700,5 MW de capacidad de almacenamiento y una inversión prevista de US$700 millones para fortalecer el suministro eléctrico en distintas regiones del país.
